Se nos acaba el año y tenemos la sensación de que se nos va sin que se hayan solucionado ninguno de los problemas que acucian a nuestro sector.

La reforma de la Ley de Hidrocarburos lejos de mejorar las cosas las ha empeorado, desde el punto de vista de los empresarios del sector, ya que no ha habido una relación contractual más favorable que antes de la reforma, y sin embargo, con la intromisión que la Ley hace en las competencias urbanísticas de las Comunidades, declarada inconstitucional multitud de veces por el Tribunal Constitucional aunque al Gobierno parece que no le importe, se ha conseguido crear una importante incertidumbre sobre el futuro de nuestras empresas.

Hay que recordar una vez más que la reforma de la Ley lo que hace es compatibilizar el uso del suelo para instalar una gasolinera con el uso comercial o industrial, pero eso no quiere decir que no tenga que cumplir todas y cada una de las exigencias de los distintos Planes generales de Urbanismo que están vigentes en los distintos Ayuntamientos. Es decir, la reforma de la Ley no es una patente de corso que permita hacer cualquier cosa por encima de las normas municipales, como han parecido entender algunos empresarios o inversores. Sin embargo, sí han aumentado considerablemente el número de instalaciones en nuestro país al amparo de ésta normativa, aunque según las últimas declaraciones del nuevo Ministro de Energía la proliferación de instalaciones de venta al público no es la solución al problema de competencia que parece ser que sigue existiendo en nuestro sector. Señor ministro estamos totalmente de acuerdo con usted.

No ha habido una mejora sustancial de los contratos de abastecimiento porque, si bien en primera instancia parecía que acortar los plazos de vigencia era bueno para el empresario porque le daba más libertad y no le ataba a un operador, en realidad lo que obligaba era a firmar un contrato en el que los operadores no tienen claro cuál es el umbral de su rentabilidad, recordemos que aunque el plazo máximo de contrato es de 3 años el empresario lo puede rescindir al año de su firma unilateralmente. Esto como es evidente no ha mejorado las condiciones contractuales y por tanto ha aumentado la competencia, sino que los contratos se han vuelto más precarios y cortoplacistas. Sin olvidar además que en toda Europa están permitidos contratos a 5 años, por lo que el otro gran objetivo que era atraer a nuevos grandes operadores se ha visto frustrado desde el principio.

En la Asamblea de la Comunidad de Madrid se aprobó el 10 de marzo, por unanimidad, una proposición no de Ley que instaba al ejecutivo madrileño a modificar el Decreto 147/98 de Defensa de los Consumidores y Usuarios en instalaciones de venta al público de carburantes, en el sentido de que fuera necesaria la presencia de un trabajador en dichas instalaciones durante todo el tiempo que permanezcan abiertas, con el fin de que se cumpla lo establecido en el propio decreto. Todos los partidos votaron a favor, incluido el partido que gobierna, pero a día de hoy no se ha hecho nada. No se ha modificado el decreto ni se sabe si se va a modificar. Sólo cabe preguntarnos para que sirven las votaciones en la Asamblea de Madrid.

En resumen, que el 2016 ha sido un año difícil, que ha cumplido en buena parte con aquello de que no te fíes de los años bisiestos.
Esperemos que el nuevo año nos traiga un poco más de dialogo que permita centrar los problemas e intentar solucionarlos entre todos, sin fórmulas mágicas que casi siempre acaban aportando más problemas que soluciones. No os quepa la menor duda de que desde ésta Patronal se seguirá luchando para que así sea, poniéndonos al servicio de todo aquel que desee nuestra colaboración y defendiendo a los empresarios del sector de la mejor manera de la que seamos capaces.