Lejanos parecen ya los tiempos en los que las comunidades autónomas competían por ver quién bajaba más los impuestos. Desde el sistema de financiación de 2001, las regiones han ido recibiendo mayores competencias normativas para modificar la aplicación de los tributos cedidos en su ámbito territorial. Pero, desbordados por la ola de ingresos que generaba la construcción y el calentamiento de la economía, los gobiernos autonómicos se limitaron a utilizar esas competencias a la baja, es decir, a reducir impuestos sin aplicar los más mínimos principios de racionalidad, equilibrio, sostenibilidad y previsión en las cuentas públicas. No hay más que recordar que, en medio de aquella racha de crecientes ingresos, las comunidades exigieron al Gobierno más recursos para financiar la sanidad, asunto que centró la reunión de la II Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada en septiembre de 2005. De allí salió, entre otras medidas, el acuerdo de aumentar la competencia normativa de las comunidades para que éstas pudieran duplicar el tramo autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (el llamado ‘céntimo sanitario’), hasta alcanzar un tope de 4,8 céntimos por litro de combustible.

Como entonces lo que estaba de moda era bajar impuestos, ninguna región echó mano de ese nuevo margen para obtener más recursos. Pero en esto llega el recrudecimiento de la crisis y, como a la fuerza ahorcan, empiezan a cambiar las tornas. Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron las primeras en incrementar al máximo el impuesto desde 2012. Luego se han ido sumando Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares y, desde el pasado viernes, Cantabria.

Y la próxima comunidad será Extremadura , una vez que, como el presidente de la Junta, José Antonio Monago, ha acordado con el líder regional de IU, Pedro Escobar, los populares acepten en la Asamblea la enmienda de la coalición que exige agotar el margen normativo del ‘céntimo sanitario’. El Gobierno regional pretendía igualar el gasóleo con la gasolina, subiéndolo hasta 2,4 céntimos por litro, pero la necesidad de contar con los votos de IU para sacar adelante las medidas del plan de reequilibrio ha obligado al Ejecutivo admitir esta exigencia fiscal que permitirá suavizar los nuevos planes de recorte sobre los salarios de los funcionarios. Así pues, Extremadura, que implantó el tramo por primera vez en 2011, será la séptima comunidad que elevará al máximo el ‘céntimo sanitario’.

No será tampoco el último cambio. Navarra, que no había implantado el tramo autonómico, ya ha presentado un proyecto de ley para gravar los combustibles con 2,4 céntimos adicionales. Cuanto estas novedades entren en vigor en las próximas semanas, el cuadro autonómico quedará así:

                             Gasolina Gasóleo

  • Andalucía         2,4       2,4
  • Aragón             0,0       0,0
  • Asturias            2,4       2,0
  • Baleares           4,8       4,8
  • Canarias           0,0       0,0
  • Cantabria          4,8       4,8
  • Castilla y León  4,8       4,8
  • CLM                4,8       4,8
  • Cataluña           4,8        4,8
  • Com.Valenciana 4,8      4,8
  • Extremadura      4,8       4,8
  • Galicia               2,4       1,8
  • Madrid              1,7       1,7
  • Murcia               2,4       1,2
  • Navarra             2,4        2,4
  • País Vasco        0,0        0,0
  • La Rioja            0,0        0,0

Las únicas que se resisten, al menos por el momento, son Aragón, Canarias, La Rioja y País Vasco.

De todas formas, no hay que olvidar que el ‘céntimo sanitario’ tampoco es la panacea. De hecho, Castilla y León ha reconocido ya que estudiará la continuidad del impuesto a la vista de la caída de la recaudación que está experimentando en los primeros meses (justo lo contrario de lo que se pretendía). El efecto probablemente se notará más en aquellas provincias limítrofes o más cercanas a La Rioja y País Vasco, pues los conductores que transiten por esta zona notarán diferencias de casi cinco céntimos por litro.

Y un detalle aparentemente sin importancia. El impuesto, como hemos dicho, se creó como un recurso adicional para financiar la sanidad, y así lo han ido reconociendo prácticamente todas las comunidades autónomas, que han fijado una afectación para estos ingresos, de tal manera que obligatoriamente deben destinarse a financiar servicios sanitarios. En cambio, en Extremadura no se ha hecho, ni en la Ley 19/2010 que lo estableció por primera vez, ni tampoco en el proyecto de ley que acaba de aprobar el Gobierno regional. Es decir, que la Junta tendrá manos libres para destinar estos recursos a lo que estime más oportuno, no necesariamente la sanidad extremeña, de modo que en Extremadura tendrá poco sentido hablar de ‘céntimo sanitario’, pues ninguna norma obliga a hacer efectiva esa denominación. Se admiten sugerencias para darle un nuevo bautizo.