Los particulares tienen dudas sobre qué coche comprar ante el proceso de descarbonización del transporte, las gasolineras llevan tiempo intentando cubrir todos los frentes para no verse pilladas por el toro antes de que despunte una demanda masiva hacia cualquiera de las nuevas alternativas tecnológicas que hay sobre el tapete: gas, coche eléctrico, hidrógeno, etc.

Aunque es probable que el borrador de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático sufra algún cambio después de las elecciones, “la tendencia hacia estas energías es imparable”, apunta Víctor García Nebreda, secretario general de Aevecar (Agrupación de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles).

Pese a que las marcas de coches, las empresas de hidrocarburos y gasolineras creen en una convivencia de todas las tecnologías al menos durante la transición energética, el Ejecutivo, obcecado con el coche eléctrico, sigue dando pasos para que este sea el que se lleve el gato al agua.

Prueba de ello es que este anteproyecto obliga a las gasolineras que vendan igual o más de cinco millones de litros de combustible al año a implantar un punto de recarga eléctrica.

Los afectados hablan
“La futura ley debería fomentar mediante incentivos económicos la instalación en las estaciones de servicio donde existe viabilidad técnica y potencial de demanda en vez de obligar”, afirma Luis Aires, presidente de BP España, quien asegura que esto va contra el principio de libertad de empresa. “Porque ¿quién va a pagar inversiones que pueden no ser rentables?”, se pregunta. Máxime cuando “muchos estudios destacan que, para 2030, solo el 10% de los vehículos serán eléctricos”, avanza García Nebreda.

La medida afectaría, en principio, solo a 1.200 gasolineras, calcula la Agrupación de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), pero también establece la incorporación paulatina del resto aunque vendan menos.

“El volumen de venta no es el mejor criterio para seleccionar las estaciones de servicio”, dicen en Cepsa. Entre otras cosas porque “se necesitarían potencias muy superiores a los 22 kilovatios fijados en la ley para obtener tiempos de recarga asumibles”. Además, muchas gasolineras que tienen esas ventas “son mayoritariamente de camiones y otras no disponen del espacio suficiente”.

Y para recorridos de larga distancia, “la solución es la recarga ultrarrápida, lo que requiere una inversión de más de un millón de euros por estación”. “Hacer una recarga para hacer 600 km, en 10 minutos, precisa una potencia en el poste que costaría unos 50.000 euros al año. Es decir, ocho veces más potencia que la actual”, resaltan en Cepsa.

Hoy “la infraestructura de distribución eléctrica es insuficiente en carretera para estas potencias, por lo que habría que considerar la conexión a otro punto de la red, que supondría un coste adicional de más de un millón de euros por gasolinera”, aclaran.

Otro de los escollos que afectan, sobre todo a las de menor tamaño, es el impuesto de actividades económicas (IAE). Y es que se ven obligadas a pagar diferentes IAE por cada actividad (venta de pan, lavado de coches, etc.). “Y este sería uno mas”, puntualizan.

Se da la circunstancia de que algunas están regalando la recarga para no hacer frente a este impuesto, “porque no ingresan más de 100 euros al año”, cuentan en la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees).

Los planes
Con todo, las estaciones de servicio están haciendo los deberes. Repsol ya cuenta con 30 puntos de recarga rápida, gracias a su participación en Ibil, empresa que ofrece un servicio de recarga integral 100% renovable, y que tiene 1.700 puntos operativos en garajes, empresas, parkings o centros comerciales.

En 2018 entró en la empresa americana Ample, que trabaja en la implantación de robótica autónoma permitiendo la carga en pocos minutos. “Una solución viable en el medio plazo que permitirá el acceso a la movilidad eléctrica a los usuarios al margen de su economía o situación geográfica”, aseguran en la entidad.
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