El sector de los hidrocarburos está muy revuelto. El motivo, los planes del Gobierno socialista de impedir la matriculación de vehículos de gasolina y gasóleo en 2040 y su circulación en 2050, lo que obligará a cerrar a cientos de estaciones de servicio en España. Sus empresarios tampoco ven, igual que piensan las petroleras, que la solución a corto plazo sea el coche eléctrico. Y para colmo, subirán los impuestos y se encarecerán los precios.

Desde el 1 de enero, y según aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, el antiguo tramo estatal del desaparecido «céntimo verde» del impuesto de Hidrocarburos que aplican la mayoría de las comunidades autónomas con distintos tipos (entre 0 y 4,8 céntimos de euro por litro) es obligatorio para todas las regiones y con el tipo más alto: 4,8 céntimos por litro.

Desaparecerá el efecto frontera, pero aumenta la fiscalidad y, por lo tanto, los precios. Víctor García, secretario general de Aeescam (Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid), declara a ABC que «pedimos en numerosas ocasiones eliminar esa diferencia fiscal que traslada la riqueza y la pobreza de unas regiones a otras. Por ejemplo, las gasolineras de Castilla y León, cuando tenían este impuesto, redujeron sus ventas un 40% en beneficio de las comunidades limítrofes. Que se igualen los impuestos nos parece bien. Y que lo hagan con los tipos más altos, es una decisión política».

También hay prevista otra subida de la fiscalidad, en este caso anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y que afectará solo al gasóleo. «Si es por cuestiones medioambientales, no tiene sentido; si es por equiparar su impuesto con el de la gasolina, es también una decisión política», afirma Víctor García. «Lo único que pedimos es que la subida no afecte a los profesionales porque, entre otras cuestiones, hará subir los precios y, por tanto, la inflación».

Explica que «actualmente hay situaciones que son incongruentes, como que un automóvil de lujo con motor de gasóleo paga menos impuestos en los carburantes que el ciudadano que tiene un pequeño utilitario con motor de gasolina».

¿Teme que el Gobierno plantee una subida generalizada y progresiva de los impuestos de los carburantes con el pretexto de que en la mayoría de los países europeos son más elevados que en España? «Así es, pero también lo es que en esos países las rentas medias son más altas. En España, los impuestos de los carburantes los pagan igual tanto el ciudadano que gana mil euros al mes como el que cobra 10.000 euros. En cualquier caso, los impuestos tienen que diversificarse, que no salgan del mismo sitio. En 2018, el Estado recaudará unos 18.000 millones de euros solo con el impuesto de Hidrocarburos»

Respecto a la prohibición de matricular coches de gasolina y de gasóleo a partir de 2040, el secretario general de Aeescam afirma que «nos parece bien que haya una transición energética, pero este anuncio es un brindis al sol porque no sabemos qué cambios tecnológicos van a haber en los próximos años; cuanto menos, es arriesgado». Además, –añade–, al coche eléctrico le queda aún mucho recorrido en España. «Hoy en día, los ciudadanos con salarios medios no pueden comprar un coche eléctrico por sus elevados precios. También hay que tener en cuenta que solo el 30% de los conductores tienen plaza de garaje y no se podría llenar las calles de puntos de recarga». El anuncio realizado por el Ministerio de Transición Ecológica «tampoco ha sido sensato por sus graves repercusiones en la poderosa industria automovilística española».

El secretario general de Aeescam insiste en que «el gasóleo contamina menos que la gasolina por dos motivos: porque los motores nuevos han reducido casi en su totalidad las emisiones y porque consumen menos que los de gasolina. Los que contaminan son los coches viejos y en España el parque automovilístico tiene una edad media de 12,5 años».

Víctor García propone que «en vez de dar ayudas y subvenciones a los coches eléctricos, que van a personas con dinero, de clase alta, que las den a quienes cambien su coche antiguo por otro nuevo que apenas contamina».

Otra cuestión que no gusta a los empresarios de estaciones de servicio es la obligatoriedad que quiere imponer el Gobierno para que instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos. «No nos cerramos a que haya puntos de recarga, pero no entendemos su obligatoriedad; no somos una concesión administrativa, sino empresas privadas para las que supondrá un elevado desembolso esas instalaciones».

Sobre este asunto, destaca que los puntos de recarga para el gas son caros, sobre todo los de GNL (gas natural licuado) que utilizan las grandes flotas de furgonetas y camiones.

Texto y Foto publicadas en ABC el 4 de enero de 2019: https://www.abc.es/economia/abci-ciudadano-salario-medio-no-puede-compra...