Durante los últimos años, el sector de los carburantes ha vivido un periodo de clara competencia desleal. Ello provocado por la existencia de una serie de sociedades que venden el producto a algunas estaciones de servicio a precios que se sitúan por debajo de la suma total del coste mínimo de referencia para los carburantes y los impuestos correspondientes.

Esta situación se produce por la existencia de comercializadoras mayoristas, que en realidad son empresas pirata, que venden a algunas marcas a precios inferiores al mercado, pero que desaparecen cuando hay que pagar impuestos, como el IVA. Un fraude que, según estimaciones de las petroleras, puede haber superado los 3.000 millones en los últimos años.

Con el objetivo de suprimir esta práctica delictiva, Hacienda aprobó a finales del pasado año una orden ministerial que entrará en vigor a partir del 1 de febrero de este ejercicio. Desde esa fecha, los operadores tendrán que garantizar el IVA, mediante un aval o pago en cuenta, para poder extraer el carburante de los depósitos. Se trata, sin duda, de un cortafuegos necesario que pondrá coto a una práctica ilegal que perjudica la recaudación. Pero que también genera una situación de desventaja competitiva para las empresas que sí pagan sus impuestos. De hecho, las grandes petroleras llevan desde 2022 denunciando la existencia de este fraude en los carburantes. Pese a ello han tenido que pasar más de tres años para que Hacienda ponga en marcha una normativa que frene un delito, cuyo origen el propio Ministerio sitúa en 2016. Resulta, por ello, evidente que la actuación del Gobierno en este asunto llega con años de retraso, lo que ha provocado un notable daño en el sector y una mayor merma en la recaudación.