El aumento de operadores mayoristas “pirata” en diferentes zonas de España está generando un fraude fiscal en el sector que podría alcanzar los 150 millones de euros al año, según estimaciones de las compañías de UPI.

Estas compañías creadas ad-hoc se constituyen formalmente como operadores al por mayor para, en la mayoría de los casos, desmantelarse al poco tiempo sin liquidar sus impuestos con la Agencia Tributaria. Además del fraude fiscal, que reviste fórmulas variadas, estas compañías con frecuencia se liquidan sin llegar a cumplir los porcentajes obligatorios de biocarburantes y la contribución obligatoria al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, cuyos costes también se embolsan antes de desaparecer. De esta forma, las obligaciones medioambientales que incumben al sector quedan también sin cumplir.

Se trata de pequeñas empresas que, en muchos casos, no cumplen los requisitos legales exigidos a los operadores al por mayor. Estos mayoristas se instalan sin vocación de continuidad, cometen el fraude y desaparecen antes de que la Administración Pública actúe. Periódicamente, vuelven a aparecer con otro nombre y utilizando testaferros, aunque evidenciando continuidad con sus anteriores apariciones (dirección, directivos, personal, etc.).

Las causas de esta situación hay que buscarlas en la crisis económica y en la falta de control administrativo, en especial por parte del Ministerio de Industria y del Ministerio de Hacienda, que han contemplado con pasividad el desarrollo de una actividad fraudulenta “normalizada” al amparo de la impunidad que procuran los defectos regulatorios y la parálisis administrativa.

La UPI denuncia esta situación y exige a las autoridades competentes que tomen ya las medidas necesarias para erradicarlas en el territorio español pues en los últimos meses, en lo que parece ser un efecto-llamada, esta práctica se ha multiplicado y convertido en una bolsa estable de fraude, con técnicas cada vez más variadas y sofisticadas.

La UPI advierte de que además del perjuicio económico inmediato al conjunto de contribuyentes, a la larga, esta situación puede provocar un empobrecimiento de la competencia de la que el mercado tardaría décadas en recuperarse y la vuelta a un oligopolio de las grandes petroleras.

Existe margen dentro de la libertad de empresa y el marco legal de la Unión Europea, para establecer los filtros legales y controles administrativos adecuados. Ante la falta de respuesta por parte de las Administraciones responsables, la UPI pide una vez más que las autoridades políticas y administrativas actúen decisivamente para atajar esta lacra