Hace ahora 20 años de la publicación de la Orden por la que se liberalizaban los precios de los gasóleos, excluyéndolos del sistema de precios máximos. Los precios máximos se implantaron en 1990 para así eliminar el sistema de precios fijos que regía hasta ese momento. En este cambio de la normativa, el primer producto que liberalizó su precio fue el fuelóleo, seguido por la gasolina 98 y el gasóleo, este último en el año 1996. Finalmente, con la publicación de la Ley de Hidrocarburos 34/98, se puso fin al sistema de precios máximos en todos los productos, con la excepción de la bombona de butano de 12,5 kg. Otros cambios, como la entrada en funcionamiento de la red paralela en 1998, posiblemente fueron más trascendentes pero la desaparición de los precios máximos también reflejó una nueva realidad del sector.

Sin embargo, podemos hacer una pequeña reflexión sobre cómo se entiende esta liberalización y de las reacciones que tienen distintos organismos, entre ellos el Gobierno y la CNMC, ante los precios de los carburantes.

En la economía en la que vivimos, no es habitual que un producto tenga el precio intervenido; incluso productos de primera necesidad tienen precios muy diferentes, en función del segmento de mercado al que se dirigen o simplemente porque así lo quieren los comerciantes que los distribuyen. Podemos establecer que los carburantes son un producto de primera necesidad, ya que, aún hoy en día, se hacen imprescindibles para dotarnos de movilidad, que es sin duda alguna uno de los factores que ha influido más en el desarrollo de las sociedades modernas. Es evidente que el primer beneficiario de la venta de carburantes es el Estado pues no hay que olvidar que más de la mitad del precio se destina a impuestos. Además, la CNMC tiene que velar porque no se realicen prácticas no permitidas en la fijación de los precios de los carburantes, como en cualquier otro producto, pero la pregunta es hasta dónde tiene que llegar esta intervención.

Imaginemos que un empresario del sector decide que va a poner un precio al gasóleo de 2 euros por litro. Parece lógico pensar que no va a vender un solo litro porque su precio está fuera de mercado y que lo único que va a conseguir es arruinarse, pero, en mi opinión, no creo que esté cometiendo ninguna ilegalidad. Los ciudadanos que repostan carburantes son necesariamente mayores de edad y seguro que capaces de discernir por sí mismos qué producto desean comprar y qué precio están dispuesto a pagar a cambio. Probablemente no entrarían en el establecimiento de ese empresario y este reconsideraría su política comercial y bajaría el precio, pero dejemos que sea él el que lo decida.

Es habitual (y hasta se podría decir que reiterativo) oír hablar de que si el precio del gasóleo o la gasolina ha repercutido o no en las fluctuaciones del precio del barril de petróleo, grave error por otra parte, porque el gasóleo o la gasolina tienen sus propios índices de precios que no siempre van en la misma dirección que el del barril de petróleo. Lo que hay que vigilar es que no haya una política de precios concertada, una práctica ilegal, es decir, que no se pongan de acuerdo los diferentes actores del sector para fijar precios. Lo demás es irrelevante o como máximo una consecuencia de la competencia en el mercado.

Parece que se está de acuerdo en que el margen bruto medio del producto está entorno a los 18 céntimos, un margen tanto del operador como del minorista. Si consultamos el portal de precios que publica el Ministerio de Industria, nos encontramos que todos los días la diferencia entre el precio más barato y el más caro en cualquier provincia está entre los 15 y los 20 céntimos. Por lo tanto, hay libertad de precios y cada empresario decide, en función de sus posibilidades, cuál es el precio que le hace más competitivo y le permite mantenerse en el mercado.

Si esto les parece insuficiente, ya saben lo que dice el famoso tango veinte años no es nada, estamos a tiempo de volver a los precios máximos.