El impuesto al diésel y la proliferación de zonas de bajas emisiones en las ciudades está encima de la mesa del Gobierno de Pedro Sánchez. En los Presupuestos Generales (PGE) de 2019, el Ejecutivo incluyó un aumento de la fiscalidad a través del Impuesto de Hidrocarburos que finalmente se quedó en el cajón por falta de respaldo. Ahora, con un pie apoyado en Unidas Podemos y otro en ERC, el equipo de Sánchez ha situado entre sus prioridades aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que estrecha más el cerco sobre los combustibles fósiles y busca acabar con su uso cuanto antes.

En este punto, desde el Ejecutivo ya se han empezado a lanzar mensajes de subida de impuestos a la aviación y al transporte de mercancías con cambios en las políticas de exención de impuestos al combustible en el transporte. Así, desde los distintos gobiernos se está presionando a la industria a realizar un cambio tecnológico, con la mirada puesta en el vehículo eléctrico, que todavía no se puede llevar a cabo porque "no salen las cuentas". "El sector está concienciado y sabe que tiene que reducir las emisiones de CO2. No estamos enamorados del diésel, pero todavía no hay alternativas viables en para el transporte a nivel industrial", explica Ramón Valdivia, director general de Astic, la patronal de transporte internacional de mercancías por carretera. Diagnóstico con el que coincide gran parte del sector, desde bus hasta la última milla.

La excepción es el taxi. Los turismos eléctricos están más desarrollados tecnológicamente y su compra está subvencionada, lo que permite afrontar el gasto sin dañar márgenes.

Un texto de África Semprun: https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10351679/02/20/Al...