Cuatro autopistas de peaje han presentado concurso de acreedores en lo que va de año, y una quinta lo podría hacer en breve, lo que refleja el derrumbe de un sector que puede dejar un ‘agujero’ superior a los 4.000 millones de euros y afectar en total a una nueve concesionarias. Y en el Ministerio de Fomento no saben cómo contener efectivamente esta ‘bola de nieve’ en medio de un estricto programa de ajuste presupuestario. Por el momento, ha descartado crear un 'banco malo' con los activos tóxicos de las concesionarias.

La última en solicitar el concurso de acreedores ha sido la autopista de peaje AP-36, entre Ocaña y La Roda, al acumular una deuda de nada menos que 522 millones de euros. Entre sus accionistas figuran el Grupo Ferrovial (55%), Sacyr (40%) y la Kutxa (5%).

Pero no es la única. A principios del mes pasado la concesionaria de las radiales R3 y R5, Accesos de Madrid, se declaraba también en suspensión de pagos al no poder renegociar una deuda bancaria de 660 millones de euros. Aquí, los más afectados han sido Abertis (35%), Sacyr (25%) y Bankia (20%). Curiosamente, el juzgado de lo mercantil designaba al Ministerio de Fomento como administrador concursal de ambas autopistas. Juez y parte.

Y un día después le tocaba el turno a la R4, entre Madrid y Toledo, que también se acogió al concurso de acreedores ante la incapacidad de afrontar compromisos por valor de 575 millones de euros. Los accionistas afectados son Cintra-Ferrovial (55%), Sacyr (35%) y Caja Castilla-La Mancha (10%).

En conjunto, las cuatro concesionarias han generado una deuda de casi 2.200 millones de euros, mientras que sus inversiones en estas vías se elevaron a 3.340 millones de euros.

Los expertos ya dan por descontado que una nueva autopista de peaje, entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería), declare también el concurso de acreedores en breve tiempo con una deuda acumulada de 550 millones de euros.

Pago por uso

En Fomento se plantean qué hacer con esta delicada situación. Pero la opción más lógica, el cobro de un canon por el uso de las autovías, no genera mucha aceptación ante el rechazo social que despierta en los actuales momentos de crisis.

Sin embargo, la Asociación de Sociedades Concesionarias de Autopistas (ASETA) considera que el pago por uso que ya existe en varios países de la Unión Europea (como Portugal, Austria o Alemania) es la única opción posible. Creen que mediante este mecanismo se podrán abordar también los costes de contaminación que generan los vehículos y los gastos de mantenimiento de la red viaria.