Lo anunció la Consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo en diciembre; se iniciaba ronda de contactos para modificar la ley que obliga a que las gasolineras cuenten, al menos, con un empleado. Del Olmo se justificaba entonces con Europa y su directiva y, además, con posibles sanciones.
Sin embargo, desde la Agrupación de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles de Castilla y León (AVECAL), se argumenta que esta interpretación es, cuando menos, una verdad a medias.
«Europa —dice Rafael Pizarro, presidente de AVECAL— permite no seguir la recomendación si un estudio empírico constata que las necesidades de la zona en cuanto a seguridad, discapacidad, etc. desaconseja la instalación de estaciones de servicio low cost (desatendidas)». Y es precisamente el hecho de que el gobierno autonómico no contemple ni siquiera la posibilidad de realizar dicho estudio lo que más indigna a esta agrupación empresarial.

No en vano, Pizarro asegura que «estamos hablando de un sector estratégico de actividad peligrosa. El producto que manejamos es tóxico, inflamable…, peligroso en definitiva y esto no es ninguna broma: No se nos puede comparar con un cajero automático. Hay actividades que tienen que estar regladas y bajo supervisión y esta es una de ellas».

Además, desde AVECAL no se entiende este giro inesperado de la política autonómica cuando el decreto que impedía la implantación de gasolineras desatendidas en la comunidad fue aprobado en su día con el 95% de los votos. Todos los partidos, excepto Ciudadanos, estuvieron de acuerdo en una normativa que «no es —asegura Pizarro— una ley de gasolineros, sino una ley de defensa de los ciudadanos, de los discapacitados y del empleo»