El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, ha escenificado este jueves su oposición "firme", la del Gobierno y la de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura a las prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias, asegurando que tampoco cambia de postura aunque participara de unos eventuales tributos.

"El Gobierno se mantiene firme. No queremos incentivos ni participación de los beneficios. La respuesta sigue siendo un no rotundo", ha garantizado Rivero en los Desayunos Informativos de Europa Press, celebrado este jueves en Madrid.

Pero el presidente canario ha querido explicar que esa posición estricta "no es caprichosa" sino que está fundamentada en razones: primero la visión que tienen del archipiélago, que quiere ser libre de CO2 y potenciar un turismo de calidad; y dos "por la unidad de Canarias".

"Porque esa unidad vale más que todo el petróleo. Y es que no se ve igual desde todas las islas, igual que no se ve igual cuando te ponen una central nuclear en la puerta de tu casa o a 5.000 kilómetros. En Lanzarote y Fuerteventura [las islas a las que las prospecciones están más cercanas] lo ven como una grave amenaza para su medio de vida, que es el turismo", ha explicado.

"Y si no lo evitamos tendríamos serios problemas con estas islas", ha advertido, ya que "pone en riesgo todo nuestro futuro". "Estamos combatiendo. Por la vía política, social, y judicial, y seguiremos", ha garantizado.

TRIBUTO AL PETRÓLEO

El Gobierno canario cifra en 200 millones de euros anuales la recaudación del nuevo canon sobre las extracciones de petróleo en las Islas, aprobado esta semana en el Congreso con los votos favorables del PP y la oposición de CC y PSOE, dentro de las propuestas del Debate del Estado de la Nación. Según fuentes nacionalistas consultadas por EXPANSIÓN, los ingresos derivados de este tributo "no colman" las expectativas financieras del Ejecutivo regional de Paulino Rivero, quien eleva a 800 millones de euros al año el déficit de las cuentas canarias con el Estado.

Rivero ha dado instrucciones a su grupo para que rechacen las autorizaciones de Repsol frente a las aguas de Lanzarote y Fuerteventura, pese a disponer de los permisos del Gobierno español. Sin embargo, uno de los dirigentes más cualificados de CC, el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, se acaba de desmarcar de la disciplina del partido abriendo la primera fisura nacionalista sobre los yacimientos desde 2004.

El Ejecutivo de Rivero calcula en unos 200 millones de euros el potencial recaudador. Según los informes del Gobierno, se trataría de la estimación más conservadora que maneja el consorcio Repsol, RWE y Woodside. El equipo de Rivero sostiene que los ministerios de Industria y de Hacienda barajan unos 10 euros de gravamen sobre cada barril en función de las 20 millones de unidades anuales (54.000 al día) en la extracción de crudo.