El Fondo Monetario Internacional (FMI) avala la subida de impuestos a los combustibles que ambiciona María Jesús Montero. En el informe sobre la economía española que ha publicado esta semana, el organismo señala que España presenta «margen» para una fiscalidad de los carburantes «más ambiciosa», y propone claramente un «aumento de impuestos». Al diésel y también a la gasolina.

De esta manera, el FMI apoya una de las principales líneas de trabajo del grupo de expertos para la reforma fiscal, que tienen que entregar a final de mes el documento con sus conclusiones, y va incluso más allá de lo que la ministra de Hacienda quiso plasmar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año. La oposición del PNV obligó a Montero a eliminar en el último momento la subida del diésel, medida que llegó incluso a cuantificar y prometer ante Bruselas. Pero ya entonces desde el Ministerio se apuntó que la actuación sólo se aplazaba, y 2023, año en el que la reforma fiscal estará en vigor «a más tardar», es el momento elegido por Hacienda para retomarla.

Sin embargo, desde algunos ámbitos del propio Gobierno y, en concreto, desde el Ministerio de Agricultura, se está intentando frenar la medida antes incluso de que se anuncie. La razón: que el precio de los combustibles está en máximos históricos y un incremento de los impuestos no haría más que elevar las cargas que ya sufren transportistas, taxistas y, por supuestos, agricultores. Todos ellos representan caladeros de votos muy importantes en los que otros partidos están muy dispuestos a pescar. Un ejemplo evidente: el de Vox y los agricultores y ganaderos.

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