El proyecto abandona el tradicional enfoque basado en cuotas de energías renovables medidas en contenido energético y adopta un sistema de objetivos expresados en reducción de la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta metodología, que la normativa europea permite elegir a los Estados miembros, persigue reforzar la neutralidad tecnológica y comparar todos los combustibles en función de su huella climática, desde los fósiles hasta los renovables, los hipocarbónicos o los de carbono reciclado. Según la memoria de impacto normativo, el objetivo comunitario de referencia es alcanzar en 2030 una reducción mínima del 14,5% de las emisiones del transporte o, alternativamente, una cuota del 29% de renovables en el consumo final del sector, optando España por la primera vía.

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