La Comisión Europea está preparando a los Estados miembros para responder con mayor margen fiscal a nuevas perturbaciones energéticas. Bruselas ha concretado las condiciones para ampliar la cláusula de salvaguardia nacional y permitir que determinados gastos destinados a reforzar la seguridad energética queden cubiertos por esta flexibilidad, desde inversiones en redes, almacenamiento y renovables hasta ayudas a los hogares para instalar paneles solares, baterías o bombas de calor.

La decisión llega en un momento en el que España encara la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027 con las cuentas de 2023 todavía prorrogadas. El Gobierno asegura que los trabajos para presentar las nuevas cuentas “van bien”, pero fuentes del sector cercanas al Ejecutivo explican que, en caso de que finalmente no haya acuerdo parlamentario para aprobarlas, existe una vía alternativa para poder poner en marcha medidas de apoyo energético: realizar modificaciones presupuestarias sobre las cuentas vigentes.

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