FACUA-Consumidores en Acción considera indignante la defensa que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hace en su informe de posición de las gasolineras desatendidas. Con el supuesto objetivo de defender la competencia, la CNMC aprovecha para promover la desprotección de los consumidores y la rebaja de los niveles de seguridad y del empleo.

La asociación critica los argumentos falaces usados por Competencia en su análisis: dice que disponer de hojas de reclamaciones y de guantes y papel de un solo uso son "un coste administrativo desproporcionado" para las gasolineras. Igualmente considera que el derecho del consumidor de comprobar in situ y en el momento la medida del carburante suministrado es un derecho prescindible.

FACUA ve indignante que la CNMC fomente la competencia a costa de arremeter contra los elementos más básicos de protección de los consumidores, y especialmente de aquellos colectivos más vulnerables como las personas con discapacidad.

La asociación considera preocupante, además, que con los niveles de desempleo que hay en España, la CNMC no valore el impacto que el cambio de modelo tendría en el empleo en el sector y abogue por una competencia ficticia construida sobre mayor desempleo y menos derechos de los consumidores.

La caída del precio, argumento artificioso

La defensa de las estaciones desatendidas que realiza la CNMC en su informe se basa exclusivamente en el precio: las gasolineras desatendidas tienen menos costes, abaratan precios y fomentan la competencia y eso hará bajar en general los precios en beneficio del consumidor. Este argumento, ya defendido en otros sectores, es engañoso y no tiene en consideración otros factores de funcionamiento del mercado de los carburantes en España, marcado por el oligopolio en el ámbito mayorista y otras disfunciones graves, entre ellas una regulación incompleta y deficitaria y escasos controles e inspecciones sobre el sector.

La CNMC olvida que existen problemas de fondo en este mercado que inciden de manera directa en el precio final del carburante y que no se van a resolver restringiendo los derechos de los consumidores y de colectivos vulnerables como las personas discapacitadas. 

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