Los surtidores están en pide de guerra. Patronal y sindicatos sellaron ayer un frente común contra el nuevo modelo de gasolineras desatendidas. La Asociación Española de Vendedores de Carburante (Aevecar), la Asociación de Estaciones de Servicio de la Región y CC OO y UGT mantuvieron una reunión para unificar criterios «frente a la proliferación de estas estaciones», que ya ascienden a 17 en la Región.

Al término del encuentro, el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio, Francisco Pellicer, avanzó que «pediremos una reunión con la Consejería» para impedir que el próximo 31 de enero entre en vigor la resolución 16.756 de la Dirección General de Industria, que regula este tipo de surtidores.

Patronal y sindicatos justifican su pretensión en «el grave perjuicio que supone para el sector y los usuarios», y alertan de que se trata de «una actividad claramente marcada por el desempleo». Además, detallaron vulneraciones de la ley de riesgos laborales y de derechos de los consumidores: «Incumplimientos en materia de medidas de extinción de incendios, derrames de productos, sistema de descarga de cisternas y la indefensión de los usuarios ante sus posibles reclamaciones por la falta de personal de la empresa. También discrimina a las personas con movilidad reducida».

Estas nuevas estaciones carecen de tienda, de servicios añadidos y personal, solo tienen surtidores para repostar y un cajero automático para pagar. De manera que se ahorran en costes entre 80.000 y 100.000 euros. «Esto les permite ofertar el precio del combustible diez puntos por debajo del resto», denunció Pellicer. «Es competencia desleal».

El precio del litro de diésel en una gasolinera convencional varía entre 1,05 euros y 1,11 euros, frente a los 0,96 euros de una desatendida. En el caso de la sin plomo 95, las abanderadas ofertan el litro a 1,22 euros, y las desatendidas a 1,12 euros. El sector regional considera que la resolución daría luz verde a nuevas licencias, que conllevarían el cierre de estaciones abanderadas y arrendadas.

Pellicer advirtió de que «si no alcanzamos un acuerdo con la Consejería iremos a la vía judicial».
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