El Gobierno de coalición formado por el PSOE y Podemos tiene un claro objetivo: subir los impuestos en todas las áreas del día a día de los ciudadanos. Tras declarar ayer martes la emergencia climática en el Consejo de Ministros, el foco vuelve al diésel. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó al diario El País y a La Sexta que usarán la fiscalidad para atacar a un combustible que quieren hacer desaparecer.

El impuesto al diésel siempre ha estado encima de la mesa. Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez trabajó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2019 ya contempló un aumento de la fiscalidad a través del Impuesto de Hidrocarburos. Hace solo unos meses, el Ejecutivo planeó subir el precio del litro en 3,8 céntimos, lo que supone que llenar un depósito costaría 2,3 euros más y los principales afectados podrían ser los autónomos como los taxistas y los transportistas independientes. Los profesionales del transporte pesado no sufrirían no sufrirían la subida, si aplican los mismos criterios que en 2019. "La tributación que recae sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado no sufre variación alguna al objeto de mantener la competitividad de los sectores intensivos en su consumo", señalaba el proyecto de Ley.

El Gobierno preveía recaudar 670 millones de euros anualmente con la subida de esta figura fiscal. Manuel Maestre, presidente del Consejo General de Agentes Comerciales de España, ya calificó en su momento esta subida como un "golpe a la economía" asegurando que el coste para el sector de los agentes comerciales sería de 5 millones de euros anuales.

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