La Comisión Europea se ha defendido recientemente de las críticas a su propuesta para modificar la directiva de fiscalidad de la energía, presentada en abril de 2011. La propuesta de la Comisión pretende, entre otras cosas, acabar con los beneficios fiscales del gasóleo y suprimir la figura del gasóleo profesional. 

Así, se propone gravar los carburantes en base a su contenido energético y emisiones de carbono, lo cual significa aumentar el gravamen del gasóleo frente a la gasolina. No obstante, cabe recordar que la propuesta aún no ha sido aprobada puesto que tal tarea compete exclusivamente al Consejo de la UE.

Según ha informado Fenebús, la Comisión opina que la aplicación por parte de los Estados miembros de niveles de imposición de los usos comerciales del gasóleo inferiores al aplicado a los usos no comerciales del mismo ya no es compatible con el requisito de mejorar la eficiencia energética y con la necesidad de abordar el creciente impacto medioambiental del transporte. La Comisión asegura que en 2008, el transporte por carretera representó aproximadamente el 70% de las emisiones de CO2 procedentes del transporte y que el transporte por carretera es uno de los pocos sectores en que las emisiones han aumentado rápidamente (entre 1990 y 2008, las emisiones procedentes del transporte por carretera aumentaron en un 26 %). La Comisión recuerda que la propuesta establece un período transitorio hasta 2018 para alcanzar los nuevos niveles mínimos de imposición de la UE y hasta 2023 para la aplicación del principio de igualdad de la imposición de todos los carburantes, lo cual deja, en su opinión, suficiente tiempo al sector del transporte para adaptarse.

Fenebús ha mostrado su rechazo a esta propuesta desde el primer momento. La federación, activa en la defensa del sector a todos los niveles (nacional y comunitario), es consciente de la importancia que tienen los objetivos energéticos, medioambientales y climáticos a la hora de conseguir un sistema de transportes sostenible. No obstante, la propuesta castiga al modo de transporte más eficiente energéticamente desde el punto de vista de los viajeros/Km. y el que menos emisiones de CO2 per cápita produce: el transporte de viajeros en autobús y autocar. Todo ello sin olvidarse de las cuantiosas inversiones del sector en tecnología para el gasóleo, del importante factor social que desempeñan el autobús y el autocar y de la profunda crisis económica y financiera que vive la sociedad. Por todo ello, las justificaciones de la Comisión Europea no convencen a Fenebús.

La propuesta debe aprobarse por unanimidad del Consejo (institución UE representante de los países) mediante un procedimiento legislativo especial en el cual cada país de la UE tiene un solo voto. Por ello, si un solo país rechazase la propuesta ésta no se aprobaría. Por suerte y como ha podido averiguar la Delegación de Fenebús en Bruselas, parece que muchos Estados miembros se opondrían a dicha propuesta por varias razones. Una de ellas es que no quieren acabar con la categoría del gasóleo profesional.

En la agenda del Consejo

El Parlamento Europeo —órgano consultivo en este asunto debido al carácter especial del procedimiento— aprobó en abril una resolución no legislativa contraria a la propuesta. Por su parte, el Comité Económico y Social Europeo —institución que representa a los empresarios y trabajadores y cuyos dictámenes nunca son vinculantes para las otras instituciones— se pronunció a principios de 2012 a favor de la propuesta. En cualquier caso, Dinamarca —que ostenta la presidencia de la UE— ha puesto el asunto en la agenda del Consejo de Asuntos económicos y financieros de 21 de junio. Sin embargo, aún no se espera que el Consejo decida sobre el asunto.