A pesar del colapso del consumo y del enorme aumento del paro en los últimos cinco años, los precios no han dejado de subir, incluso por encima de la media de la eurozona. Tanto, que el Banco Central Europeo criticó en enero “la desconexión [en España] entre el ajuste en los costes laborales y el ajuste en el IPC, que refleja la falta de competencia en la economía” y denunció lo que describía como “márgenes empresariales excesivos”.

Es cierto que la subida del IVA ha dado un fuerte impulso a los precios en 2012, pero sobre todo se trata de una cuestión de la competitividad de la propia economía por dos razones: la primera, que España es el segundo país, por detrás de Luxemburgo, donde más han subido los precios a impuestos constantes en los últimos diez años; la segunda, que los productos que han tirado de los precios son los que están más regulados.

Según Eurostat, el precio del transporte ha crecido casi 25 puntos más que en el resto de Europa, mientras que los precios públicos fijados por el Gobierno se han distanciado 17 puntos y los productos energéticos, incluyendo carburantes, 15 puntos.

El precio de los Servicios de Transporte han subido un 60,7% en España, frente a un 37,2% en la eurozona, lo que supone un diferencial de 23,5 puntos respecto a Europa. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) denuncia que el acceso a la prestación de estos servicios, como es el caso del transporte por carretera, muchas veces depende de licencias que restringen mucho la oferta.

El diferencial está muy remarcado en el caso del transporte por vía aérea: mientras que los precios en Europa apenas han crecido un 30%, en España se han más que duplicado, con un incremento del 106,4%. Es decir, una diferencia de hasta 76 puntos.

Estos costes también tienen conexión con la gestión pública, porque es AENA quien fija el coste de operar en cada aeropuerto, lo que impide que estos se hagan la competencia y traslada los costes de operar en aeropuertos grandes (mucha demanda) y pequeños (muchos costes fijos en relación al número de vuelos) a los medianos, que podrían ser más flexibles para atraer operadoras.

Los precios de los productos energéticos, como la electricidad, el gas y los carburantes también se incrementaron notablemente. Los sobrecostes de las gasolinas y gasóleos ya fueron criticados por la CNC en octubre, cuando ésta atribuyó a las distribuidoras de carburantes un margen extra del 20%.

En opinión de la CNC, la propiedad de gran parte de las acciones de la empresa que aglutina casi todos los oleoductos españoles (CLH) puede impulsar al alza las tarifas y el que los precios bajen todos los lunes, el día que Bruselas recoge los datos, refuerza las sospechas. La CNC estima que todo esto genera un sobrecoste de 1.600 millones de euros al año. Los trámites urbanísticos para establecer una gasolinera pueden durar hasta 10 años, lo que también constriñe la oferta.

La subida de precios en la energía se ha debido en gran parte a que las facturas que paga el consumidor soportan las primas a las renovables (cerca de 7.000 millones al año) y el déficit de tarifa de años anteriores. “Entre 2008 y 2011, España pasaba de tener un coste medio de la electricidad antes de impuestos ligeramente superior a la media europea, a tener un coste un 20,5% superior a la media”, apunta el gestor de fondos de inversión especializado en energía Daniel Lacalle, que estima que la sobrecapacidad eléctrica está en torno al 25% y el 40%.

En líneas generales, los mercados donde el Gobierno fija el precio, ya sea todo o un componente importante, se han encarecido una media de 17 puntos por encima de los de la zona euro. Estos precios incluyen, además de la electricidad y el gas, el suministro de agua, la recogida de basuras, los costes del alcantarillado, el servicio postal y los fármacos, que se han visto fuertemente impulsados a raíz de la subida del copago sanitario. No obstante, todo este conjunto se ha movido en términos similares.

30.000 MILLONES
Sólo los cuatro conceptos más destacados (transporte, energía, carburantes y precios públicos) acumulan un sobrecoste de 30.000 millones de euros desde hace una década. Con el agravante de que no se trata de bienes de los que se puede prescindir con facilidad, sino de productos básicos para empresas y ciudadanos. Por un lado, el ajuste de costes en las compañías se complica cuando muchos costes no paran de crecer por encima de los de sus competidoras del exterior. Por otro, es difícil ajustar sueldos cuando sube el precio de sufragar las primeras necesidades.

Pero hay más productos y servicios en los que se han fijado los economistas. Un estudio del profesor de la Universidad de Oviedo Luis Orea muestra cómo la regulación comercial causa una subida media de los precios en las superficies comerciales del 1,1%, pero que asciende al 1,9% para una cesta de tipo básico. Algunas comunidades suelen poner trabas a las licencias de apertura, lo que frena la competencia por parte de los supermercados de descuento duro, mientras que la regulación excesiva dispara los costes empresariales.

Desde la Fundación de estudios de Economía Aplicada (Fedea) también se ha puesto el foco en los servicios profesionales. Es difícil precisar el coste extra de estos servicios, porque muchas veces el precio de las tasas va incluido en otros bienes, pero es posible estimarlo.

El think tankCenter of European Law and Politics, ligado a la Universidad de Bremen, calcula que el coste de las tasas sobre la compra de una vivienda en los países con notarios está casi un 50% por encima de aquellos otros que permiten que los abogados se encarguen de esta función.

Esta es una de las razones por las que la Unión Europea, tras encargar dicho informe al think tank alemán, recomendó a España la reforma de los colegios profesionales, lo que aumentaría los puestos de trabajo y y reduciría los costes de la vivienda en propiedad, pero también de muchos servicios comerciales.

Pablo J. Cerezal