2021 será el año de despegue de la recuperación en clave verde ante la crisis económica y social generada por el coronavirus. El camino está claro, pero hay que atender a la letra pequeña. Tras una primera ola en la que los esfuerzos se dirigieron a sobrevivir, a partir de mayo empezó a tomar forma en la esfera internacional, la Unión Europea y España la necesidad de apostar por una salida al bache en clave de transición ecológica. Incluso ya en abril, con la mayoría de países europeos confinados, se publicó un manifiesto difícilmente más consensuable: lo firmaban ministros, grandes empresas, sindicatos y ONG.

El plan siguió rodando y el 2020 ha llegado a su fin con los fondos europeos desbloqueados y un plan español aún por detallar sobre la mesa. El Ejecutivo gastará en dos años la mitad de lo que tenía previsto invertir hasta 2030 para acelerar la transformación. Nada más y nada menos que 26.540 millones de euros entre 2021 y 2023. Pero, ¿en qué? Como se suele decir en las negociaciones climáticas, el diablo está en los detalles, y hay tanta ilusión como escepticismo en los principales actores –y vigilantes– de la acción climática.

La hoja de ruta del Gobierno para generar empleo y bienestar tras el golpe pandémico y, de paso, restaurar y proteger los ecosistemas y frenar el cambio climático tiene varias patas. En un primer lugar, lo evidente: avanzar hacia un país 100% renovable. También irá, prevé el Ministerio para la Transición Ecológica, a fomentar la eficiencia energética (reformas en locales y domicilios para que no sea necesario tanto despilfarro en luz y calefacción), a implantar una verdadera movilidad sostenible, a proteger y restaurar la biodiversidad de "la Costa Rica de Europa" por sus ecosistemas y a conseguir que, de una vez por todas, el vehículo eléctrico despegue en España, además de otras actuaciones de carácter local y regional de adaptación al cambio climático, de saneamiento de aguas y demás deberes pendientes.

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