Gobierno y agentes sociales alcanzaron este lunes un esperado acuerdo sobre la reforma de las pensiones, que supondrá el endurecimiento de las penalizaciones a la jubilación anticipada y un aumento (del doble, del 2% al 4%) de las bonificaciones por cada año que el trabajador continúe en activo. De esta forma, según indican fuentes del Ejecutivo, para 2050 el Gobierno busca retrasar en dos años la edad efectiva de jubilación, que actualmente ronda los 64 años y medio. La legal, que ronda los 66 y llegará a 67 en 2027, no se altera. El pacto aún debe ser ratificado por los órganos de CEOE, que lo votarán este martes.

Además, en el pacto alcanzado ayer con sindicatos y patronal, figura la derogación del factor de sostenibilidad impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma de 2011. Será sustituido por un “mecanismo de equidad intergeneracional”, aún por determinar, y sobre el que el Ejecutivo y los agentes sociales aún no han comenzado a discutir, según explican fuentes del Gobierno.

Desde el Ministerio de Seguridad Social han puesto de fecha límite el 15 de noviembre para pactar la nueva herramienta, que entraría en la reforma de las pensiones vía enmienda. El Gobierno pretende que la nueva ley comience a debatirse en el Congreso de los Diputados a partir de septiembre y quede aprobada a finales de año.

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