La operación sobre YPF constituye, por lo menos, un asalto a la seguridad jurídica del tráfico económico. Que sea una agresión contra España es otro tema. El pasado puede ofrecer algunas referencias útiles.

Al comienzo de los años ochenta la Comunidad Europea tenía escasas competencias y estaba poco integrada. En política exterior la situación era peor. Existía un primitivo mecanismo de intercambio de opiniones e información en la Cooperación Política Europea (CPE). En abril de 1982 estalló el conflicto de las Malvinas. La primera reacción tuvo lugar en el marco de la CPE que condenó retóricamente la agresión. Margaret Thatcher apeló a los Estados miembros a manifestar su solidaridad y ejercer presión política y económica sobre Argentina en base al artículo 224 del Tratado de Roma. Que contradijera en cierta medida la erosión que en tal solidaridad provocaban sus exigencias presupuestarias no pesó demasiado.

Existían posibilidades utilizando el contundente arma de la política comercial basada en el artículo 113. La Comisión las hizo valer de forma inmediata tanto en la CPE como en el Consejo. Podían tomarse medidas. Por ejemplo, excluir las exportaciones argentinas de las reducciones arancelarias del sistema de preferencias. Las discusiones fueron agrias, amargas, enconadas y algunos países miembros discreparon.

La Comisión hubiera podido rendirse. No lo hizo. Al contrario, jugó hábilmente sus cartas en el Consejo y en la CPE. En cuanto recibió, con reticencias, un conato de luz verde en el primero actuó en las capitales más importantes (Washington, Nueva York, Ginebra). En pocas semanas se convirtió en interlocutora ineludible para abordar los aspectos no militares del conflicto. Su aparato diplomático, incipiente, funcionó a pleno rendimiento. Se aprobó la suspensión de las importaciones argentinas. Los británicos quedaron encantados con el recurso al artículo 113.  La acción dejó, eso sí, un regusto amargo en América Latina. Mayor fue el que provocó en Argentina, que a su vez aplicó medidas económicas de retorsión contra los británicos.

El Reino Unido se abstuvo de enconar la situación. Durante varios años fue preciso llevar al ánimo del embajador argentino ante la Comunidad que con ello se bloqueaban interesantes posibilidades de evolución. No se trataba de un embajador cualquiera sino del hermano del propio presidente Raúl Alfonsín.  Cuando el peronista Carlos Menem accedió a la presidencia en 1989 nombró a un nuevo representante, Diego Ramiro Guelar. No tardó en llegar a la conclusión que la eliminación de las dichosas medidas unilaterales despejaría las relaciones.  El texto se firmó el 2 de abril de 1990.

Los tiempos y el problema son distintos. Repsol no es un Estado. Sus intereses no coinciden con los de todos. La Comisión no es lo que era. Pero la imaginación política y diplomática continuará siendo determinante. La discreción nunca dejará de ser buena consejera. No hay que exagerar.

Ángel Viñas, catedrático emérito de la UCM, es autor de 'Al servicio de Europa'