El Consejo de Ministros impulsó hace tres semanas el anteproyecto de ley con el que busca reducir la jornada laboral a 37,5 horas y cambiar el modelo de registro horario que está en vigor desde el año 2019. El objetivo es que la Inspección de Trabajo tenga acceso en remoto a estas anotaciones, pero también conseguir un registro real del tiempo de trabajo por lo que el acuerdo firmado con los sindicatos incluye la obligación de anotar las pausas. La normativa actual solo forzaba a dar cuenta del inicio y el fin de la jornada, por lo que la mayoría de empresas tendrán que decidir como califican cada interrupción y adaptar los sistemas de registro.

El texto que llegará al Congreso de los Diputados en las próximas semanas incorpora un artículo 34 bis al Estatuto de los Trabajadores en el que se se detalla que los empleados registrarán "todas aquellas interrupciones de la misma que afecten a su cómputo". Esta obligación está lejos de entrar en vigor, puesto que comenzará a aplicarse a los seis meses de su publicación en el BOE y todavía tiene que superar toda la tramitación parlamentaria, no obstante, los laboralistas ya han comenzado a anticiparse a las dudas que generará en las empresas.

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