El Gobierno ha decidido prorrogar, hasta el 31 de diciembre, la bonificación a los carburantes. Esta medida, que se lleva aplicando desde el 1 de abril y que expira el 30 de junio, obliga a las estaciones de servicio a devolver a cada ciudadano 20 céntimos por litro de carburante repostado, una cantidad que las gasolineras han tenido que adelantar estos meses -unos 40.000 euros al mes de media-, lo que ha puesto en serios problemas a las empresas con menos recursos financieros (un 70% del sector está formado por pymes), que se han visto obligadas a endeudarse al tener que adelantar esa cantidad para cumplir con la normativa, dejando al borde de la quiebra a cientos de gasolineras.

“Sobre el 8 de abril empezaron a llegar los llamados ‘anticipos’ -apunta Víctor García Nebreda, secretario general de Aevecar-, pero el cálculo no fue acertado y, sobre el 20 de ese mes, la mayoría de estaciones ya los habían empleado, por lo que hubo que volver a financiar las bonificaciones a los clientes. Esperemos que en junio se cobre antes”.

Desde AOP también muestran su preocupación por que las administraciones lleguen a tiempo de abonar la cuantía comprometida a las estaciones de servicio y recuerdan que el sector apoyó esta medida desde el primer momento; de hecho, algunas de sus asociadas incrementaron la bonificación, añadiendo otros descuentos, hasta alcanzar, en algunos casos, más de 30 céntimos.

Desde Aevecar se alegran de que la prolongación de esta medida no suponga cambios. La entrada en vigor del RDl 6/2022, el pasado 1 de abril, “fue bastante caótica y dificultosa -recuerda su secretario general-, ya que 30 horas después de su publicación, nadie del Gobierno se había puesto en contacto con el sector para explicarnos lo que teníamos que hacer o de qué manera se tenía que funcionar, de forma que si ahora se hubiesen tenido que volver a cambiar cosas, la situación sería horrible”.

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