El precio de los carburantes en España ha vuelto a aumentar en lo que va de año mucho más que la media europea, tirando de nuevo al alza del IPC en un contexto de profunda recesión económica. El litro de gasolina 95 cuesta una media de 1,48 euros, 8,8 céntimos más que el pasado 1 de enero. La subida es algo menor en el caso del diésel -usado por un 80% del parque móvil-, que arrastra un aumento de 4,4 céntimos.

Estas subidas no han tenido reflejo en el resto del continente, según las cifras publicadas por el Boletín Petrolero de la Unión Europea. Excluidos impuestos -ya que en cada país la tributación es distinta-, la estadística europea constata que el encarecimiento de los carburantes en España duplicó al incremento medio en la zona euro y en el conjunto de la Unión Europea. La gasolina 95 acumula una subida de 7,2 céntimos, frente a los 3,6 céntimos en Europa. El precio del litro de gasóleo, por su parte, ha aumentado en 2,8 céntimos, frente a un incremento medio en el continente de 1,2 céntimos.

Ambas subidas se producen después de la relajación de precios registrada en el último trimestre del pasado año, cuando el Gobierno inició una campaña contra las petroleras para que redujeran sus márgenes y le ayudaran a contener el IPC. Esta petición fue seguida de la amenaza por parte del ministro de Industria, José Manuel Soria, de tomar medidas para introducir más competencia en el sector. Finalmente, y tras observar la nueva desviación de precios, el Gobierno aprobó hace dos semanas con carácter de urgencia una batería de medidas para «frenar la escalada de precios», tal y como explicó ayer Soria en un Foro organizado por ABC y Deloitte. La prisa a la hora de reaccionar fue tal que Industria tuvo que introducir las nuevas medidas en un decreto sobre emprendedores. Algunas de las medidas adoptadas fueron la limitación de nuevas aperturas de estaciones de servicio a las petroleras con una cuota de mercado provincial por número de instalaciones superior al 30%, la limitación a un año de los contratos de suministro entre operador y minorista, y una serie de cambios legales para acelerar la apertura de gasolineras en hipermercados, ITV o polígonos industriales. Soria insistió ayer en que estas medidas tendrán efecto «en el medio o largo plazo».

El empuje al alza del IPC por parte de los carburantes ha despertado las quejas de los agentes sociales. Comisiones Obreras pidió ayer al Gobierno que refuerce el control sobre «los márgenes empresariales excesivos» en sectores como el de la distribución de carburantes. Por su parte, la patronal de autónomos ATA demandó a Industria «más atención» sobre los precios de los combustibles, «pues suben excesivamente deprisa pero bajan con mucha lentitud».

Por su parte, la CEOE rechazó que la subida de los carburantes vaya ligada a un aumento de los márgenes empresariales, «cada vez más escasos». Las petroleras justifican el aumento de precios en los cambios fiscales sobre estos productos, entre ellos el fin de la exención fiscal a los biocarburantes que integran cada litro de gasolina y diésel y el aumento de los tributos autonómicos en algunas regiones.

Sin embargo, la estadística europea refleja que el incremento del precio final vinculado a los impuestos es mucho menor que el ligado a la parte sin impuestos, donde se incluye el precio de la cotización internacional de la gasolina y el gasóleo y los márgenes brutos de distribución. Esta última partida abarca la retribución del operador mayorista y del minorista y otros costes financieros y de logística.

El impacto fiscal, obtenido tras restar el precio sin impuestos al precio de venta al público, refleja un incremento de 1,6 céntimos por litro de gasolina y de gasóleo en lo que va de año, según los datos europeos. Por su parte, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha abierto recientemente expediente informativo a las petroleras para estudiar el abaratamiento «inusual» de precios registrado los lunes, el mismo día que las estaciones de servicio remiten sus precios a Industria. Según el regulador, este fenómeno -al que ha bautizado como efecto lunes- aumentó de forma paralela a la presión del Gobierno sobre las petroleras.

Víctor Martínez