El Gobierno ha cumplido con la amenaza lanzada en los últimos meses contra las petroleras españolas de que no hay competencia en el sector que permita bajar las gasolinas y ha aprobado una serie de medidas que limitan básicamente su expansión y abren la mano a nuevos operadores. Durante un periodo que el Ministerio de Industria y Energía califica de transitorio, Repsol, Cepsa, y BP -consideradas las tres grandes del sector-, no podrán aumentar el número de puntos de venta para animar al resto a que abran más gasolineras y que las marcas blancas obliguen a éstas a bajar los precios.

Los contratos en exclusiva de los gasolineros con los operadores serán mucho más flexibles. Es decir, se limitará la duración de los contratos de suministro en exclusiva de cinco años como rige ahora a uno, prorrogable a tres. Y se facilitará la apertura de nuevas estaciones de servicio en centros comerciales, establecimientos de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y zonas industriales.

Según el Ejecutivo, las nuevas medidas buscan eliminar las barreras administrativas, simplificar trámites a la hora de abrir nuevas gasolineras y fomentar la entrada de nuevos operadores. Se establece un procedimiento único en todas las comunidades autónomas, que coordinará todos los trámites administrativos que deberán resolverse en un plazo máximo de 8 meses, agilizando así la concesión de licencias.

Uno de los aspectos que, precisamente, no queda claro es el apartado que se refiere a los contratos en exclusiva del mercado minorista. En la nota de Industria, se explica que las restricciones contractuales que actualmente aparecen en los contratos en exclusiva limitan la competencia, lo que perjudica a los consumidores, pero no se habla de plazos. En la nota de Moncloa, se especifica, en cambio, que la duración de los mismos en exclusiva será de un año prorrogable a tres.

De ser así, se estaría violando la normativa comunitaria que establece que los contratos de grandes operadores con minoristas deberá tener una duración mínima de cinco años. Tampoco se especifica si el Real Decreto afectará a los ya vigentes o si afectará sólo a los nuevos. Si incluyera a todos en el mismo saco, la medida sería totalmente inconstitucional y las petroleras podrían ir contra el Estado.

Otro de los aspectos dudosos, es también el apartado que se refiere a que se prohibirán las recomendaciones de precio de venta al público. Fuentes consultadas por Capitalmadrid han reconocido que en la Unión Europa se permiten los precios recomendados. Por tanto, ese punto también es factible de ser denunciado ante los tribunales comunitarios.

Pero al margen de la polvareda que, sin duda, va a levantar este nuevo Real Decreto, la cuestión es que el Gobierno ha querido dar un golpe de mano ante el sector y controlar por esta vía los precios de las gasolinas. El titular de Industria y Energía, José Manuel Soria, había amenazado ya varias veces tras los informes elaborados por la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y la Comisión Nacional de las Energía (CNE) y así lo ha cumplido.

Los dos organismos reguladores habían denunciado la falta de competencia que existe en el negocio de los combustibles a la vez que destacaban en los dos documentos cierto grado de connivencia entre las compañías a la hora de pactar precios. En la nota emitida por el propio Ministerio de Industria, se afirma claramente que estas medidas llegan después de analizar los informes de la CNC y la CNE, en los que se constataba un mayor nivel de precios antes de impuestos de los carburantes en España respecto a Europa.

Pero el sector tampoco ha permanecido callado en los últimos meses. Las compañías petroleras y la Asociación de Operadores de Petróleo (AOPE) denunciaron en su día que lo que el Ejecutivo busca es que pierdan poder frente al resto y, lo que es peor: colocarles contra los consumidores acusándoles de subir los precios a su antojo. En estos momentos, existen unas 1.800 gasolineras con marcas blancas y 6.515 controladas por mayoristas, en su mayor parte dependientes de Repsol, Cepsa y BP.

Además, manifiestan que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros llevan el carácter de Real Decreto, lo que ha supuesto una gran sorpresa, ya que esperaban que fueran consensuadas por las partes. Este paso deja sin posibilidad de modificación alguna en el Congreso de los Diputados, ya que se supone que la mayor parte de las medidas entrarán en vigor de forma inmediata. El Gobierno ha aprovechado precisamente el Real Decreto Ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo al Crecimiento y la Creación de Empleo para introducir todos estos cambios normativos. Este paquete de medidas se implementará a través de la modificación de la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos.

Subida de un 20% en los márgenes

En el informe que emitió en octubre pasado, la CNC afirmaba con rotundidad que los márgenes de las petroleras habían subido un 20% durante el periodo 2007-2010 debido básicamente a la falta de competencia. Soria se apoyó posteriormente en este informe para presionar a las compañías a que bajasen los precios y, de esta forma, paliar los efectos negativos que estaban teniendo los combustibles sobre la inflación en los últimos meses de 2102.

Paralelamente, el ministro anunció que se estaba trabajando en una serie de medidas que permitieran abrir el mercado a nuevos competidores y crear una línea de precios más acorde al mercado. Lo que el ministro ha venido denunciando en los últimos es que existe cierto monopolio lo que impide a veces aplicar descuentos, aspecto que sí se produce en las gasolineras con marcas blancas.

De momento, el primer paso es limitar, de forma, transitoria, el crecimiento en número de instalaciones de venta de productos petrolíferos a los principales operadores de cada provincia. 

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Julián González