Los ayuntamientos afrontan la nueva movilidad que impulsa la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El reto para la descarbonización de las ciudades incluye entre sus líneas estratégicas la apuesta por el abandono del vehículo privado en los cascos urbanos y, con ello, la delimitación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

De cara a 2023, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán implantar zonas restrictivas de acceso en sus cascos urbanos. Su planteamiento suscita preocupación e incertidumbre entre los diversos ayuntamientos que reclaman una mayor claridad normativa y unas pautas comunes para abordar este reto de transición ecológica.

Esta medida afectará a unos 148 municipios que deberán establecer estas zonas de bajas emisiones en los próximos dos años. Sin embargo, un problema recurrente para su puesta en marcha es la incertidumbre normativa y la falta de “cauces comunes”, según ha resaltado el presidente de la comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad y secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Alfonso Gil. En la misma línea, la secretaria general de Transportes y Movilidad del ministerio de Transportes, María José Rallo, ha reconocido que “necesitamos un gran diseño y coordinación entre entidades locales y Ejecutivo para desarrollar cómo plantear los niveles de restricciones, con qué programas de ayudas o qué tipo de sanciones”.

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