España cuenta con poco más de 15.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos públicos, con lo que está muy lejos del objetivo del Gobierno de alcanzar los 100.000 en 2023, debido, principalmente, al dilatado proceso de tramitación de licencias y de conexión a la red, que puede alargarse hasta dos años. Desde sectores implicados en el despliegue de esta red, como petroleras, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) o los fabricantes (ANFAC), defienden que antes de poner objetivo numérico, habría que identificar las ubicaciones en las que deben estar esos puntos y procurar que los que hay funcionen.

Con base a cálculos de los operadores de recarga integrados en AEDIVE, un buen ritmo para el despliegue de la infraestructura sería lograr 23.000 puntos en 2022 (cifra que prácticamente se alcanzará), 70.000 en 2025 y 255.000 en 2030. El despliegue no debe basarse en "números", sino en ubicaciones y tipo de recarga en cada una de ellas. Si fuera cuestión de matemáticas, muchos creerían que los 80.000 surtidores que hay en España son insuficientes para atender a los 30 millones de vehículos de combustión que suma el parque móvil español, ha explicado a EFE el director general de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucía.
Puedes leer la noticia completa en LA INFORMACIÓN