Los políticos y la industria a veces no van en la misma dirección. Uno de los ejemplos es la directriz recientemente presentada por la Comisión Europea para imponer en un corto plazo de tiempo la venta exclusiva de coches eléctricos por baterías o por el sistema de pila de combustible de hidrógeno en el año 2035. Lo malo de esta disposición es que se cierre la puerta a otro tipo de motorizaciones, como los motores de combustión interna movidos por gasolina y diésel que, al menos por el momento y a medio plazo, parecen insustituibles para muchos de sus trabajos.

El endurecimiento de la norma, que exigirá que coches nuevos y furgonetas reduzcan sus emisiones en un 65% a partir de 2030 y pasen a ser de cero emisiones en el año 2035 da al traste con los planes de la industria del motor, más centrada en conseguir estos objetivos en los años 2040 y 2050 respectivamente.

Porque, aunque de hecho la UE no prohíba la utilización de los motores de combustión interna, si la norma obliga a los fabricantes a reducir las emisiones de sus coches nuevos en un 65% y llegar a cero en el año 2035, con penas de fortísimas sanciones económicas, las marcas no podrán comercializar otros vehículos que no sean eléctricos o de pila de combustible. Paralelamente se anuncian nuevas normas fiscales para penalizar a los vehículos que usen combustibles fósiles, lo que desincentivará aún más la utilización del diésel y de la gasolina. Dentro de las disposiciones se contempla aumentar la proporción de energía renovable para las recargas eléctricas del 32% actual hasta el 40% antes de 2030, y la llamada ley de energías renovables revisará los objetivos para el uso de combustibles sostenibles en el transporte, la calefacción, la refrigeración, los edificios y la industria en general.

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