Llegados a este punto conviene advertir que no todas las low cost son iguales. En primer lugar están las llamadas gasolineras desatendidas, que consiguen precios irrisorios a cambio de no tener personal físico, y por otro están aquellas que simplemente son mucho más baratas, como las de “marca blanca” (Petroprix o Ballenoil), las de los supermercados, o las cooperativas.

De todas ellas, las únicas cuya legalidad puede discutirse son las desatendidas. De hecho, estas estaciones de servicio han sido prohibidas en varias comunidades como Castilla y León, Andalucía o Murcia por no respetar la normativa autonómica de protección de consumidores. En muchas partes de España son completamente legales.

“No hay nadie que atienda a los discapacitados, que controle que se apagan los teléfonos y las luces o vigile que nadie se lleva la gasolina. Además, hay que tener en cuenta que se están manejando productos peligrosos y muy inflamables y no se puede estar sin personal formado”, denuncia Víctor García Nebreda, secretario general de AEESCAM (Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid).

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