El pasado 10 de marzo, la Asamblea de Madrid aprobó, por unanimidad, una Resolución por la que se insta al Consejo de Gobierno a la reforma del decreto 147/98 de protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de automoción en instalaciones de venta al público. Dicha reforma consistía en la incorporación al Decreto de una disposición adicional en la que se obliga a disponer en la instalación de una persona, debidamente formada, durante todo el tiempo en el que permanezca abierta al público. También se modificaba el artículo 18 del Decreto, en éste artículo se especifican las conductas infractoras y se añadía una letra r) para aquellas instalaciones que carecieran de la persona responsable mientras permanecieran abiertas.

En la Proposición No de Ley, presentada por todos los grupos políticos representados en la Asamblea, se justificaba la medida en cuatro puntos fundamentales:
1. La seguridad de las instalaciones y por tanto de todos los ciudadanos.
2. La pérdida de derechos de los consumidores en caso de no haber empleados, ya que imposibilita el cumplimiento de obligaciones recogidas en el Decreto.
3. La imposibilidad de acceder al servicio para algunas personas con discapacidad.
4. La pérdida de empleo que conllevaría la generalización de éstas instalaciones.

A día de hoy aún no se ha realizado la reforma del Decreto, por lo que seguimos en la misma situación y los motivos que para nuestros representantes justificaban la modificación siguen igual de vigentes.

El gobierno nos dice que los trámites no son sencillos, y que además hay que garantizar que no se cometa ningún error en el proceso, que imposibilite posteriormente la aplicación de la reforma, o que la convierta en ineficaz. Nos parece comprensible su postura, aunque choca con lo que hasta ahora se venía produciendo.

Nos dan como fecha probable de entrada en vigor de la reforma el 1 de enero del año 2017, larga se nos va a hacer la espera, pero si el final merece la pena se dará por bien empleado el tiempo de incertidumbre.

El problema es que cada día que pasa se abre algún punto nuevo de éstas características en nuestra Comunidad, y que éstas instalaciones, como muy bien explicaron nuestros representantes políticos en la justificación de la Proposición no de Ley, tienen menos seguridad industrial, quitan derechos a los consumidores, no respetan a las personas con alguna discapacidad y además no sólo no generan empleo, sino que contribuyen a que se pierdan puestos de trabajo en el sector.

Nuestro sector está muy regulado, nos parece correcto, pero tiene que tener las mismas reglas para todos. Insistimos en que no se está aplicando la misma vara de medir a unas instalaciones que a otras. Aparte de modificar el Decreto 147/98, hay que cumplir lo que ya se establece en él:

• Volvemos a poner de manifiesto que es imposible entregar una probeta de comprobación de medidas a un cliente y realizar la verificación exigida en la norma, si no hay una persona en la instalación.
• Que no se puede garantizar que no se tenga el motor en marcha o se fume durante el suministro, si no hay nadie en la instalación para comprobarlo.
• Que se si produce un derrame de carburante durante el suministro, no hay nadie en la instalación para proceder a recogerlo con el producto adecuado y almacenarlo en un bidón etiquetado y homologado para su posterior traslado a una planta de residuos contaminados, como obliga la Ley.
• Que no se puede controlar, si no hay nadie presente en la instalación, que llegue un cliente y rellene garrafas de gasolina y las meta en el maletero de su coche, lo que es una temeridad porque en caso de un accidente las consecuencias son imprevisibles, y además está totalmente prohibido por la legislación de transporte de mercancías peligrosas (ADR).

Podríamos seguir enumerando situaciones que se pueden dar en una instalación desatendida, pero ya se las hemos explicado suficientemente a los que nos administran. Se nos pone como contrapeso que no hay denuncias por parte de los consumidores, que ésta situación parece que sólo nos preocupa a los empresarios. Les aseguramos que conocemos bien nuestro sector y sabemos de lo que estamos hablando. Siempre se dice que la mejor manera de solucionar un problema es evitarlo, hagámoslo tomando las medidas necesarias y aprobadas por la Asamblea de Madrid y no esperemos a que tengamos que lamentarnos de no haberlo hecho.