La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo, que el pasado 27 de febrero declaró la nulidad del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, el llamado 'céntimo sanitario', ha supuesto un auténtico revulsivo para multitud de sectores profesionales, que han soportado durante once años el pago de un tributo específico cada vez que repostaban gasolina para sus vehículos, que ahora se ha considerado ilegal, por lo que todos los afectados tienen derecho a la devolución. El bufete Gaona Abogados, con sedes en Málaga, Madrid, Londes, Lima y Taipei, ha creado la primera asociación de afectados de España que, en una semana, cuenta ya con más de medio centenar de asociados de todo el país.

-¿Por qué se han decidido a crear una asociación de afectados?
-Ya pusimos en marcha una experiencia similar con el decreto para la creación de cerca de 400 nuevas farmacias en la comunidad, que está funcionando muy bien. Nosotros ya veníamos trabajando en el asunto del 'céntimo sanitario' desde el año pasado, cuando se presentó un primer dictamen del abogado general, que era contrario, lo que señalaba que el impuesto iba a ser declarado ilegal, como ha sido finalmente. Con la asociación vamos a defender los intereses legítimos de profesionales del transporte y de otros consumidores de carburantes, administraciones de fincas, puertos o comunidades de propietarios. Y por supuesto, también a los particulares. Siempre y cuando aporten las facturas, sea cual sea su importe. Mucha gente no sabe que tiene derecho a que le devuelvan este dinero cobrado de más durante once años.

-Lo principal es disponer de las facturas o poder conseguirlas, ¿no?
 -Efectivamente, es el único medio de prueba válido de que se ha abonado el impuesto. Los 'tíckets' no sirven, aunque pueden valer para solicitar en las estaciones de servicio que emitan las facturas correspondientes. Es importante destacar que, a pesar de las cifras que se dieron inicialmente, las devoluciones que se pueden solicitar de manera inmediata son las correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012, porque el impuesto se suprimió en toda España el 1 de enero de 2013. Además, ahora tenemos de plazo hasta el próximo 20 de abril para hacer la solicitud del primer cuatrimestre de 2010, ya que la ley general tributaria marca que la solicitud de devolución de cobros indebidos solo se puede hacer de los últimos cuatro años. Otro asunto importante a tener en cuenta es que en las solicitudes de devoluciones hay que descontar las cantidades que ya se hubiesen desgravado en tributos como el impuesto de sociedades. Además, en todos los casos, la sentencia fija que hay que sumar los intereses de demora, que rondan el 5% de media.

-Se han manejado cifras enormes acerca de la suma de lo que tiene que devolver el Estado a los afectados. Pero, ¿qué cantidades cree que podrán recuperarse finalmente?
-Es cierto que en un principio se habló de 13.000 millones de euros, pero esta cantidad se refiere a los once ejercicios que se cobró el impuesto en las 13 comunidades autónomas que lo aplicaron, entre 2002 y 2012. Sin embargo, debido a que la solicitud de reintegro de cobros de impuestos indebidos solo se puede hacer de los últimos tres ejercicios, esta cantidad se verá reducida a unos 4.000 millones. En cualquier caso, los otros 9.000 millones también pueden ser reclamados, aunque en este caso la vía es distinta, no se hace directamente ante Hacienda, sino como una acción de responsabilidad patrimonial contra el Estado, como una reclamación. En caso de que no se atendiese por esa vía, habría que irse al contencioso-administrativo, que conllevaría el pago de tasas judiciales, algo que disuadirá a muchos de reclamar. A pesar de esto, yo animo a cualquier afectado, no solo a los transportistas, sino a las pymes, autónomos del transporte, comerciantes, panaderos... cualquier profesional que tenga o pueda conseguir facturas de sus repostajes, a que se acerque hasta nosotros y veamos las posibilidades de recuperar ese dinero pagado de más.

-¿Las devoluciones van a poder conseguirse de manera rápida?
-Quiero ser optimista y pensar que sí, que Hacienda no va a poner ninguna pega con las devoluciones, al menos con las que se presenten en tiempo y forma y con la documentación correcta. Otra cosa es lo que va a pasar con los ejercicios ya prescritos. Una vez que se presenta la solicitud ante la Delegación de Hacienda, tienen un plazo de seis meses para abonar el dinero, siempre con el interés del 5%. No obstante, espero que el Gobierno dé instrucciones para organizar estas reclamaciones, y que haya pronto reuniones con los funcionarios del Ministerio para poder explicarnos cómo hacerlo mejor.

-El ministro de Hacienda ha afirmado que las solicitudes deben estar fundamentadas, porque de lo contrario pueden conllevar sanciones.
-Parece una estrategia para amedrentar un poco y disuadir a la gente de que no reclame algo que le pertenece. Por mucho que quieran resistirse, saben que tienen que devolver ese dinero, no pueden pasarse la pelota entre las administraciones, porque era un impuesto transferido en parte.

-Desde un punto de vista jurídico, ¿qué piensa de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo?
-Ha sido impecable, porque deja bien claro que el Gobierno central ha actuado de mala fe, ya que no justificó debidamente el destino de ese dinero que estaba cobrando. Supuestamente dijeron que era pagar la sanidad, pero se ha usado para todo, nóminas, inversiones... Espero que los políticos hayan aprendido la lección y no vuelvan a cometer un error así. Esto daña mucho la imagen exterior de un país que pretende salir de la crisis económica. Va a ser un balón de oxígeno importante para muchos.

EUGENIO CABEZAS | MÁLAGA. Diario Sur