Sin entusiasmo y con la esperanza de obtener alguna ventaja más, la gran mayoría de los acreedores y accionistas de nueve autopistas de peaje en riesgo de quiebra apoyarán hoy la propuesta del Gobierno para constituir una empresa nacional con esos activos en crisis.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, dirigirá hoy una reunión en la sede del Ministerio a la que acudirán los representantes de las principales entidades acreedoras nacionales y el presidente de la patronal Seopan, Julian Núñez, que representa los intereses de la mayoría de los accionistas de estos corredores de pago y de los grupos constructores que las realizaron.

Bancos y constructoras apoyan la constitución de la sociedad que nacerá con una deuda en bonos a 30 años de 2.300 millones tras aplicar una quita del casi el 50%. El banco más expuesto es Bankia, con 435 millones, seguido de Sabadell (345 millones) y Santander (295 millones). El ICO prestó a estos proyectos fallidos 260 millones de euros. Las entidades financieras apoyan a regañadientes la última oferta de Fomento y de Hacienda porque, pese a la quita, podrán revertir provisiones.

Además, el Gobierno les ha garantizado una rentabilidad media del 4,3%, equivalente al bono del Tesoro a 30 años. “Lo que los bancos quieren es que el bono de la nueva sociedad sea seguro, ya que, en principio, no está garantizado por el Estado”, aseguran las fuentes consultadas. Los bancos quieren saber cómo se respaldará la emisión por parte del Gobierno y cómo se podrá canjear esa deuda en el mercado secundario.

De los 2.300 millones de deuda de la nueva empresa pública, 2.000 millones estarán en manos de los bancos y 300 millones, en las de los accionistas y constructores. Para monetizar los bonos, se calcula un descuento del 10%.

CARGAS JUDICIALES
Por su parte, las constructoras reclamarán más dinero por las facturas aún no cobradas de las sociedades concesionarias (240 millones tras la rebaja del 50%) y de la deuda correspondiente a los sobrecostes de suelo que excedan del 175%. Este último pasivo asciende a 69 millones de euros que, tras la quita, el Gobierno ha limitado a 35 millones.

Además, algunos accionistas quieren librarse de las cargas judiciales de algunas carreteras como, por ejemplo, la autopista R3 y R5. En concreto, todas las entidades que forman el sindicato bancario de esta sociedad concesionaria (salvo Bankia, CaixaBank y el ICO), han ejecutado, por vía judicial, garantías de los accionistas por valor de 360 millones de euros, algo más de la mitad del pasivo bancario de la concesión. Los perjudicados son Abertis, ACS, Sacyr y Bankia, que han tenido que depositar garantías por el valor de la ejecución que, ahora, confían en recuperar. Por otro lado, hay accionistas que se han negado a apoyar el plan del Gobierno, entre ellos, los socios de la concesionaria Ausur (Alicante-Cartagena).

C. Morán