Las medidas contra Argentina anunciadas por el Gobierno de Mariano Rajoy a bombo y platillo en abril, como represalia a Argentina por la expropiación de YPF a Repsol, están provocando un nuevo embrollo en el ya de por sí revuelto sector de la energía español. Las medidas, que contemplaban restricciones a las importaciones de biocarburantes de países no comunitarios como Argentina, se han ido retrasando en los últimos meses. Ahora corren peligro de que, por presiones de Bruselas, no se lleguen a aplicar nunca en la forma que las tenía pensadas inicialmente el Ministerio de Industria.

En el sector español de biocarburantes la incertidumbre es total, para desesperación de productores como Acciona, Abengoa o Infinita Renovables y para el desconcierto de petroleras como Repsol, Cepsa o BP, que no saben si comprometer o no pedidos a esos productores nacionales o seguir comprando en el mercado internacional sin restricciones y a precios posiblemente más baratos. Aparentemente, los retrasos en la aplicación de las medidas se debían a meras cuestiones técnicas. Pero subyacen razones políticas más profundas.

La historia se remonta al 20 de abril. Ese día, poco después de que el Gobierno argentino expropiara el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol, Industria sacó adelante una orden limitando la importación de biocombustibles de países no comunitarios.

El borrador de esa orden, en realidad, ya existía desde los tiempos del Gobierno de Zapatero, pero se había quedado olvidado en un cajón más de un año. Las empresas de biocarburantes españolas estuvieron desgañitándose todo ese tiempo pidiendo la aplicación de una norma que les protegiera de las importaciones de Argentina e Indonesia, que se consideraban dumping (por debajo de costes, al beneficiarse de la fiscalidad). En abril, el Gobierno del PP desempolvó la orden ministerial que ya hizo Zapatero y la presentó como una de las medidas de fuerza (la única en realidad) contra Argentina, uno de los grandes vendedores de biodiésel a España, con más de 750 millones de euros al año.

Para que la orden ministerial fuera efectiva, el Gobierno tenía que asignar previamente cuotas de producción a los fabricantes españoles y europeos. Se daba un plazo de seis meses para hacerlo. La orden ministerial fue publicada en el BOE el 21 de abril. El plazo vencía el 22 de octubre, pero Industria no ha asignado las cuotas a los fabricantes que han presentado la documentación. Muchos ni siquiera tenían claro cuáles iban a ser los criterios para asignar las cuotas. Luego, debían pasar varias semanas de periodo de alegaciones hasta que el procedimiento fuera válido.

Cuando quedan apenas unos días para que llegue el 22 de octubre, a algunos fabricantes se les ha hecho llegar, por parte del Gobierno, el mensaje de que se tomará más tiempo. No ya para asignar las cuotas, sino para afinar jurídicamente la orden ministerial de abril. Fuentes conocedoras de la situación indican que el escenario es mucho más delicado que un simple retoque jurídico. Industria trabaja a marchas forzadas para derogar la orden de abril y redactar otra menos restrictiva contra Argentina o Indonesia, por indicación de Bruselas. El asunto ha tomado una envergadura internacional. Argentina presentó una queja formal en agosto ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra la UE por las restricciones que intentaba implantar España.

Bruselas ha recomendado al Gobierno que abra la posibilidad de asignar cuotas de producción de biocarburantes a cualquier empresa, independientemente de su nacionalidad, siempre que sea en condiciones homogéneas a las empresas europeas. Esta misma recomendación se la ha hecho a otros países que habían implantado, o trataban de hacerlo, restricciones a países no europeos. El objetivo de Bruselas es que, si hay que actuar contra las importaciones desleales, se haga no con represalias comerciales, sino por cauces legales. En septiembre, la Comisión Europea abrió un procedimiento antidumping sobre las importaciones de biodiésel de Argentina e Indonesia. La CE podría imponer medidas en un plazo de 9 meses si se demuestra que esos países incurren en prácticas comerciales no legítimas.

En el Gobierno no han faltado discrepancias. Mientras Industria, a cuyo frente está José Manuel Soria, quería acelerar la asignación de cuotas, Economía, liderado por Luis de Guindos, recomendaba buscar mecanismos que evitaran una exposición de España ante la OMC en un momento crítico en el que es necesario dar una imagen de seguridad jurídica para no espantar inversiones.

KIRCHNER, EN CÁDIZ
Todo esto se produce en plena expectación ante la posibilidad de que España busque vías de entendimiento con Argentina para resolver el frente Repsol-YPF. En noviembre, está previsto que Cristina Fernández de Kirchner, presidenta argentina, acuda a la Cumbre Iberoamericana, en Cádiz.