La proposición no de ley presentada por el PP en el Congreso en la que insta al Gobierno a elevar la velocidad máxima en las autopistas sólo cuenta con el apoyo pleno de las concesionarias de estas vías, que han visto cómo su tráfico se ha reducido a causa de la crisis.

En concreto, varias de ellas y de más reciente ejecución (como la AP-41, AP-36, R-3, R-4 y R-5) están inmersas en procedimientos concursales, con una deuda conjunta que supera los 4.000 millones de euros.

De hecho, el argumentario de la propuesta -que tiene que ser debatida en Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible- recoge expresamente cómo «han visto disminuir considerablemente los ingresos.... afectando al equilibrio...diseñado para su explotación».

Según datos de Fomento, en las autopistas estatales el tráfico se ha desplomado un 27% desde que comenzó la crisis hasta el primer semestre de este año, con un media de 15.775 vehículos diarios. Un dato desconocido desde hace 14 años.

En la proposición no se cita la cifra de los 140 km/h, que el autor de la iniciativa, el diputado del PP Francisco Vañó justifica porque «son solo 20 km/h más y en autopistas del peaje». Además, precisa que «no estoy hablando de velocidad libre». En el texto unicamente se afirma que «las características de diseño [de las autopistas] permitirían establecer límites de velocidad más altos» sin que ello suponga mayor riesgo.

Es aquí donde entra en una cierta contradicción con otras voces autorizadas, aunque Vañó asegura que la medida responde «a la demanda de un sector amplio de la sociedad».

En la actualidad, las autopistas de peaje españolas discurren por 3.404 kilómetros, algo más del 22% de toda la red de vías de alta capacidad. Y son muy seguras, las que más, como demuestran su evolución entre 2001 y 2011: el número de accidentes mortales ocurridos en ellas cayó de 268 a 57 (-78,7%), sino que éstos han pasado de ser el 7,3% de los registrados en carretera al 4,2%.

Las críticas de asociaciones de automovilistas como AEA, CEA o la de víctimas DIA -al margen del fundamente económico que tiene- se refieren al error de generalizar la subida, pues hay tramos que no lo admitirían con seguridad. En especial, en las autopistas más antiguas.

En su lugar, preconizan la velocidad variable donde el límite se va ajustando según diversos factores. Casualmente, un concepto que formaba parte del programa del PP y que sí aparece en el proyecto para subir a 130 km/h en vías rápidas.

Desde la DGT ayer no se pronunciaron. «No habla de límites concretos, sino de revisarlos», aseguraron.

Curiosamente, el grupo parlamentario del PP ha 'adelantado' por la derecha a su propio Ejecutivo. Y es que, hasta ahora, éste sólo se ha atrevido a plantear el incremento de la velocidad en vías rápidas (autopistas y autovías) de 120 a 130 km/h. La propuesta partió del ministro del Interior, Jorge Fernández, quien en una de sus primeras comparecencias en el Congreso calificó ese umbral como «una velocidad amable». Aunque también la condicionó «a su impacto medioambiental». Luego, a la vuelta del verano, fue la directora de Tráfico, María Seguí quien afiló más la propuesta: sólo se aplicará a aquellos tramos con «un récord histórico de baja siniestralidad» y se tendrán que dar «las condiciones económicas» que lo permitan. Ello, porque es imprescindible «poder modular esa velocidad máxima» mediante paneles de velocidad variable en los que se cambie el límite «en función de las circunstancias de tráfico y meteorológicas. Lo anterior hace casi imposible que la medida se aplique en 2013.