Ya se ha acabado el verano, al menos el laboral, y hay que empezar un nuevo curso que, por diversos motivos, no se presenta tranquilizador.

La situación internacional no ha mejorado, más bien ha empeorado si tenemos en cuenta que el gas ruso parece que va a estar ausente, la guerra en Ucrania lleva camino de hacerse crónica, y los precios de la energía no parece que vayan a bajar, a la espera de lo que la UE decida en próximas reuniones.

En cuanto a los combustibles, la gasolina ha bajado en estos meses y ahora sube, pero no mucho. El diésel es otra cosa, Rusia abastecía de una gran parte del consumo de gasoil en el norte y centro de Europa y además ahora viene el invierno con la puesta en funcionamiento de las calefacciones, ya está bastante más caro que la gasolina aún con la diferencia de casi 13 céntimos en el impuesto especial de hidrocarburos. En esta tesitura, las medidas del gobierno tendrán que seguir en vigor ya veremos hasta cuándo y el peligro es que por un lado los ciudadanos y empresas no podemos pagar esta factura energética y por otro lado el estado español tiene muy complicado seguir subvencionándola. Un asunto difícil de resolver y más con el calendario electoral que se nos avecina.

A nivel sectorial seguimos en lo mismo, las ventas no acaban de alcanzar el nivel del año 2019 aunque los 20 céntimos de ayuda hayan paliado algo el asunto y es poco probable que vuelvan a esas ratios. Por otra parte, la cuestionable gestión que de esa medida han hecho tanto la administración central como algunas administraciones autonómicas, exigiendo aportaciones de documentación sin sentido que están retrasando el cobro del dinero adelantado por los empresarios tampoco ha ayudado, más bien lo contrario. No sé si las directrices que se dieron a las Comunidades para efectuar el reintegro, si es que se dieron, fueron confusas o es que el celo de algunos funcionarios no tiene límite cuando de ineficacia se trata, pero el caso es que el Decreto dejaba claro que la inspección correspondía a la CNMC, que por cierto ya está interviniendo, las administraciones autonómicas se tienen que limitar a pagar siempre y cuando sean cantidades que la lógica entienda como normales. Quizás he vuelto optimista porque me acabo de dar cuenta que he mezclado administración y lógica, lo dejaremos como un lapsus.

Lo que no cambia es el entusiasmo por el vehículo eléctrico y por la instalación de postes de recarga, aunque más de la mitad de estos no se puedan poner en funcionamiento por trabas administrativas o por falta de potencia. Es una lástima la cantidad de recursos que se están empleando en una causa que a nadie convence del todo. Ya hay fabricantes recelosos de las medidas que se están tomando y algunos países que no ven claro la eliminación de los motores de combustión en Europa para el año 2035, desgraciadamente el nuestro no es uno de ellos.

Volvemos a insistir en lo mismo, la electricidad formará parte del mix energético para la movilidad en el futuro y tendrá su cuota de mercado, pero no se puede pretender que sea la única energía simplemente porque como decía El Guerra “lo que no puede ser no puede ser y además es imposible”. Perdónenme la licencia, pero es que ya no sé cómo decirlo.

Suponiendo que las previsiones se cumplan y en el 2030 haya 5 millones de vehículos eléctricos en nuestras vías y las trabas administrativas se hayan superado, habrá que suministrar electricidad suficiente para alimentarlos y a un precio razonable, aunque se renuncie a los impuestos especiales de hidrocarburos que suponen unos 20.000 millones anuales de recaudación a repartir entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Ya no valdrá con instalar un poste en las estaciones de servicio, sobre todo en las de carretera habrá que instalar los necesarios para que las esperas de recarga no se traduzcan en horas y eso supondrá llevar potencias de al menos 1.000 KW, si ahora no se pueden llevar 150 ya me contarán.

Pero, aunque se consiga, habrá aproximadamente otros 25 millones de vehículos que seguirán siendo de combustión y a los que haya que dar una solución.

Los ecocombustibles en todas sus modalidades suponen una alternativa real para llegar al objetivo de emisiones netas 0 en el 2050. Pero la UE y España tienen que admitir lo que esa expresión significa y no centrarse únicamente en las emisiones que salen del tubo de escape.

Tenemos todo lo necesario para lograrlo, materias primas que vendrán del reciclaje, de la agricultura, de la ganadería o de la limpieza de nuestros bosques, que como hemos visto este verano es tan importante y refinerías que se pueden reconvertir para la producción de estos combustibles no contaminantes. Los coches ya los tienen los ciudadanos y las empresas y no tendrán que comprar otros y la red logística ya está implantada y funcionando perfectamente desde hace muchos años. Sólo falta que las administraciones, en especial la europea, aterricen en la realidad.

Un artículo de Víctor García Nebreda, secretario general de AEESCAM.