El Gobierno ha aprobado este martes en segunda lectura el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que está previsto que entre en vigor en 2023 tras su tramitación por la vía de urgencia. La norma obliga a las empresas con más de 500 trabajadores a tener planes de movilidad sostenible para que sus empleados acudan al trabajo, mediante distintas alternativas como potenciar la movilidad activa (a pie o en bicicleta), la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo. Además, los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes deberán dotarse de planes de movilidad urbana y las empresas de transporte tendrán que calcular su huella de carbono y trasladar esa información a los usuarios.

Esta ley pretende mejorar la eficiencia del gasto público. Según el Ministerio de Transportes, las medidas que contempla permitirán ahorrar 8.000 millones de euros de gasto público en infraestructuras en una década, así como aumentar en un 3,3% la productividad de las compañías.

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