«Quien contribuye al problema debe contribuir a la solución». Con esta premisa, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, ha propuesto que las empresas privadas con más recursos y con mayor impacto en el cambio climático, como los productores de combustibles fósiles, ayuden a las necesidades financieras de los países más vulnerables, abriendo la puerta a un nuevo impuesto.

Ribera lanzó esta posibilidad durante su intervención en la tercera jornada de la segunda edición de Metafuturo, un evento sobre la sociedad del futuro organizado por Atresmedia en el Ateneo de Madrid. Preguntada sobre el compromiso adoptado en la COP27 de compensar las pérdidas de los daños causados por fenómenos extremos derivados del cambio climático en países vulnerables, la titular de Transición Ecológica afirmó que tanto ese problema como la transición energética de esos países «no se pueden resolver solamente con transferencias de recursos públicos de sociedades que vivimos mejor», sino que tiene que haber una «implicación real» de las empresas privadas que históricamente se han beneficiado de la explotación de combustibles fósiles para que no haya «perdedores en esta transición».

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