Los países de la UE han acordado avanzar en la movilidad eléctrica a marchas aceleradas para descarbonizar la economía, ya que el transporte es responsable de una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, el 25% del total en el caso de España. Sin embargo, el ritmo de implantación de los vehículos eléctricos en cada estado miembro es muy distinto, así como el catálogo de incentivos a la compra que han aprobado los distintos gobiernos. Según el observatorio de combustibles alternativos de la Comisión Europea, creado a raíz de la Directiva 2014/94, España es uno de los países con poco peso de los vehículos eléctricos en su flota y está lejos de cumplir los objetivos fijados en el corto y en el medio plazo.

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