Las estaciones de servicio de Extremadura afrontan con incertidumbre la inminente aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible. La nueva regulación, que previsiblemente saldrá adelante este jueves en el Congreso, obliga a las gasolineras a instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos basándose en su volumen de ventas de combustible, una medida que ha generado una fuerte tensión en el sector por el impacto que puede tener en su rentabilidad.

Un coste sin rentabilidad asegurada

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura, Fernando Mena, ha expresado la principal preocupación de los empresarios. Aunque recuerda que ya existen acuerdos a nivel nacional para fomentar la instalación de cargadores, subraya que el problema reside en la imposición. "Cualquier empresario de estación de servicio no tendrá problema en poner puntos, si estos resultan rentables", afirma Mena, defendiendo la libertad de empresa.

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