El Consejo de Transparencia ha exigido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a través de una resolución de este mes de septiembre, que recabe datos de posibles fraudes en estaciones de servicio de las diecisiete comunidades autónomas en los últimos dos años. La decisión ha llegado después de que el regulador rechazara facilitar esta información a un solicitante anónimo, excusándose en que no era su competencia.

El pasado 18 de abril, el solicitante pidió a la CNMC lo siguiente: «Número total de inspecciones de metrología legal (surtidores trucados) e inspecciones de calidad de hidrocarburos (adulteración de combustible) realizadas in situ y de forma aleatoria en estaciones de servicio durante los últimos 24 meses, desglosado por provincias. Número de actas de infracción y paralización de surtidores por fraude al consumidor resultantes de dichas inspecciones. Copia de los informes técnicos que justifican la inacción del Gobierno ante los márgenes de refino abusivos de los operadores dominantes, que mantienen los precios inflados artificialmente mientras el Estado se beneficia de una mayor recaudación fiscal vía IVA e IEH (Impuesto Especial de Hidrocarburos), incurriendo en un conflicto de intereses extractivo contra la ciudadanía».

El asunto se pidió en plena escalada de precios por la guerra en Irán. Además, cabe añadir otro fraude acuñado popularmente como fraude de biocombustible –que consistía en incumplir la obligación de incorporar una proporción mínima de combustibles renovables para contribuir a reducir las emisiones en el transporte–, lo que provocó multas millonarias y la inhabilitación de varios operadores petrolíferos por parte del Ministerio de Transición Ecológica meses, e incluso años atrás. Un asunto, este último, que no es menor y que, de hecho, es una de las grandes interrogantes que siguen planeando en el sector.

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