El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles con los votos a favor de PP, Ciudadanos y UPL y la abstención del resto de la Cámara a la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el Grupo Popular para revertir la normativa que impidió las gasolineras desatendidas ante el requerimiento de la UE que establece que esta normativa atenta contra la libre competencia de mercado lo que ha supuesto la apertura de un expediente informativo.

Riesgos
El presidente de la patronal Avecal, Rafael Pizarro, no lo ve así. «¿Dónde están las mejoras?», se pregunta, en relación a las medidas aprobadas por el Gobierno: «Las personas con discapacidad se tienen que seguir esforzando, no hay una mano mágica que aparezca allí les abra el depósito».

Pero desde Avecal contemplan otra serie de problemas, como qué pasa si alguien pide hojas de reclamación o cómo se llevan a cabo las inspecciones, sin olvidar el riesgo de siniestro: «Esto es una actividad de riesgo, como esta catalogada por la propia administración. No es ninguna broma, los combustibles son tóxicos, inflamables y contaminantes».

El presidente de Avecal desmonta las razones en las que se basa el PP para la presentación de su propuesta de Ley. Ni las reformas del Gobierno ni la amenaza de sanción por parte de Europa convencen a Pizarro. «España es el país de la UE que más expedientes sancionadores tiene abiertos y nuestros políticos siguen durmiendo estupendamente, pero ahora parece que se para el mundo», exclama. Así, según Pizarro, la patronal se lleva «las manos a la cabeza» sin entender «cómo se puede justificar un tema como este, cuando están en riesgo la integridad física de las personas, el empleo, los derechos de los consumidores y las personas con discapacidad».

A pesar de que el paso que dieron ayer las Cortes no les favorece, desde Avecal no dan el tema por perdido. «Todavía queda la presentación de miles de firmas en el Congreso de los Diputados, una sentencia del Tribunal Supremo referente a este tema y el expediente que ha quedado abierto en el Parlamento Europeo con la presentación de las alegaciones de [la asociación de personas con discapacidad] Cermi. El que piense que esto está cerrado está equivocado», sentencia Pizarro.

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