Llenar un depósito de cincuenta litros de un coche que funciona con gasolina y gasóleo costaba en la primera semana de enero 60 y 57 euros respectivamente, lo que representa una bajada de 13 euros por repostaje para gasolina de 95 octanos y de 10 en el gasóleo respecto a julio. Una inyección de dinero que ha ido directamente al bolsillo de los consumidores, aunque no todos lo están notando por igual. En el caso de la gasolina, los últimos datos del Ministerio de Industria reflejan que entre la comunidad con los precios más bajos para la gasolina (Aragón, con 1,160 euros por litro) y la que los tiene más elevados (Baleares, con 1,245 euros) hay una diferencia del 7%, que en llenar un depósito se traduce en 4,2 euros. En el caso del gasóleo, la brecha entre la autonomía más barata (Navarra, con 1,106 euros por litro) y la más cara (Baleares, con 1,198 euros) hay una diferencia del 7,7%, que en dinero se traduce en 4,6 euros.

¿Cuáles son los motivos que provocan estas discrepancias? En primer lugar, la distinta carga impositiva que tienen los hidrocarburos por autonomías. El antiguo céntimo sanitario, conocido en la actualidad como impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH), no se repercute con la misma intensidad en todas las autonomías. Hay cuatro (País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón) que no lo aplican y que figuran entre las más baratas tanto para la gasolina, como para el gasóleo. En el otro lado, hay nueve autonomías (Baleares, Galicia, Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña) cuyas administraciones aplican el recargo máximo para ambos carburantes (4,8 céntimos de euro por litro), lo que les catapulta a las posiciones más elevadas en el ranking por precios.

Las petroleras rechazan la acusación de oligopolio, ya que creen que se acelera la liberalización
Baleares y Galicia aparecen en ambas clasificaciones como las autonomías en las que es más elevado el precio de venta del combustible. Si las autonomías que mantienen el impuesto aplican el mismo recargo, ¿por qué es más caro en esas dos regiones? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el nivel de competencia. En la actualidad, hay tres grandes compañías (Repsol, Cepsa y BP) que monopolizan el 61% del mercado y que dejan poco espacio a los operadores independientes, cuyas tarifas suelen ser más agresivas para tratar de arañar ventas a unos competidores que juegan con ventaja. El último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al respecto pone precisamente el dedo en la llaga al apuntar a Baleares (es una comunidad uniprovincial) como la única en la que no existen operadores independientes y en la que los precios son más caros, estableciendo una conexión directa entre ambos fenómenos.
La estadística, sin embargo, revela ciertas dudas sobre esa relación: cuatro de las cinco provincias que componen Castilla-La Mancha (Teruel, Cuenca, Albacete y Ciudad Real) se encuentran entre las 10 en las que la cuota de mercado de los operadores no tradicionales es mayor. Sin embargo, los precios de la gasolina y del gasóleo no son de los más baratos, si se comparan con el resto de autonomías que, al igual que la presidida por María Dolores de Cospedal, aplica el gravamen máximo a sus ventas de carburante.

Las petroleras rechazan la tesis del oligopolio y creen que la liberalización se ha intensificado en los seis años de crisis. Un informe de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que reúne a las grandes petroleras, revela que 2013 se cerró con 10.167 estaciones de servicio en España, de las que 6.461 corresponden a los tres grandes operadores (134 menos que en 2008), 1.273 a mayoristas no tradicionales (372 más), 1.900 a marcas independientes (600 más), 308 a hipermercados (58 más) y 675 de cooperativas (275 más). Una tendencia que se habrá acelerado en 2014, ejercicio del que aún no hay datos, si se tiene en cuenta la última prohibición expresa de aperturas en provincias donde tuvieran una cuota superior al 30% y la obligatoria revisión que se ha hecho desde el verano de los contratos de abanderamiento (la titularidad de la gasolinera es del operador y la explotación es de un empresario independiente). La petrolera realiza una inversión, asume los riesgos y obtiene un retorno.