No es la reforma fiscal prometida desde hace años, ni la comprometida con Bruselas. No supone modernizar el sistema tributario, ni cerrar los agujeros que lastran al Impuesto sobre Sociedades, ni el impulso a la fiscalidad ‘verde’ que anticipaba el Libro Blanco de hace dos años. Pero es el proyecto tributario de mayor envergadura en más de seis años de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda. Y, dados los precarios equilibrios parlamentarios, sorprendería que hubiera uno mayor en lo que queda de legislatura.

El paquete fiscal, tramitado como enmiendas a la Ley del impuesto mínimo complementario –una trasposición que España debía haber aprobado en 2023 y por la que ha sido ya denunciada– salió adelante en el Congreso con todo el bloque de investidura. Socios a izquierda –ERC, Bildu, Podemos y BNG– y derecha –Junts, PNV y Coalición Canaria– para dar el primer paso hacia los próximos Presupuestos Generales del Estado.

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