Nueva pugna judicial. El Govern ha decidido llevar ante el Tribunal Constitucional la norma con la que el Ejecutivo central pretende aumentar la competencia en el sector de las gasolineras. En su reunión de hoy, el Consell Executiu ha determinado que la parte del real decreto-ley 4/2013 que regula aspectos como la reducción de barreras administrativas y la supresión de trabas para implantar estaciones de servicio invade competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación territorial.

El texto impide que los instrumentos de planificación urbanística puedan regular aspectos técnicos de las instalaciones de venta de carburantes. A su vez se autoriza desde el Ejecutivo central a que las gasolineras puedan abrirse en suelo destinado a actividades comerciales, para ITV o polígonos industriales, sin necesidad de otros permisos. Los ayuntamientos tampoco podrán denegar autorizaciones para ubicar establecimientos de venta de carburantes en las zonas mencionadas.

Las conselleries de Territori i Sostenibilitat y de Empresa i Ocupació entienden que estos preceptos "podrían vulnerar las competencias de la Generalitat, que tiene la atribución exclusiva en materia de ordenación del territorio y de urbanismo, incluyendo la determinación de los usos del suelo.

Esta norma fue duramente criticada por la patronales como la Associació Provincial d'Estacions de Servei de Barcelona, que consideran que "no prima la seguridad para los usuarios". Esta organización presidida por Manuel Amado ha contactado en varias ocasiones con la Generalitat para mantener una ofensiva contra esta nueva regulación que, a su entender, "no creará sino que eliminará puestos de trabajo". Esta entidad y otras patronales han remitido diversas propuestas a los partidos políticos para frenar esta nueva legislación que, según los empresarios, da ventaja a nuevos agentes del mercado frente a los existentes, que se han tenido que someter a una regulación más dura.

Las reformas del Gobierno central se produjeron después de varios informes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) que advertían de las trabas a la libre concurrencia en el sector y de que los precios antes de impuestos en España estaban por encima de la media europea a pesar de la caída de la demanda. Uno de los últimos, la semana pasada, revelaba que el margen de las petroleras ha aumentado hasta un 31%, a pesar de la caída de la demanda.

Agustí Sala